El Consejo de Cuentas estima que el pasado año se aplicaron de forma íntegra o parcial un 50,6 por ciento de sus recomendaciones, es decir, 122 de las 241 remitidas, lo que representa un avance de 13 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según ha informado este organismo.

A pesar de los avances observados, el Consejo considera "insuficiente" el grado de cumplimiento alcanzado y, en consecuencia, insta a la puesta en práctica de las recomendaciones en relación al objetivo general de mejora de la gestión pública.

Las administraciones locales han corregido total o parcialmente un 88 por ciento de las recomendaciones del Consejo; las diputaciones provinciales el 73 por ciento,;la Administración institucional un 57 por ciento; la Junta de Castilla y León un 21 por ciento y las universidades el 12 por ciento.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega hoy en las Cortes regionales del informe sobre Seguimiento de las Recomendaciones en el ejercicio 2014, una vez aprobado por el Pleno de la Institución.

Su elaboración da cumplimiento a una de las novedades contempladas en la Ley 4/2013, de reforma de las Instituciones Propias de la Comunidad, en lo referente al ámbito del Consejo, al introducir entre las atribuciones de su presidente, la de comparecer anualmente en las Cortes Regionales para informar sobre el seguimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de las fiscalizaciones realizadas.

El presente documento es el segundo que realiza el Consejo de Cuentas sobre el seguimiento de sus recomendaciones.

Es conveniente precisar que no es un trabajo de fiscalización, sino que es consecuencia de las auditorías realizadas en el año natural precedente. Al tratarse de un informe de reciente creación y de carácter novedoso en el ámbito nacional, el Consejo entiende necesario continuar perfeccionando su contenido y metodología.

Bajo este propósito se introducen en este ejercicio más parámetros para valorar el cumplimiento de las recomendaciones, como son las resoluciones de la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, y también se distingue entre las auditorias por mandato legal y las específicas.