Diversas asociaciones de usuarios de internet han hecho llegar a los grupos parlamentarios una serie de demandas para que introduzcan en el trámite parlamentario de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) una enmienda que pase a considerar a la banda ancha como servicio universal, de forma que la prestación de estos servicios pase de ser "un negocio a un derecho ciudadano".
Según su propuesta, sería la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la que se encargaría de velar por el cumplimiento de esta prestación.
Además, consideran a las entidades públicas como actores fundamentales a la hora de ofrecer servicios de acceso a la Red.
En concreto, sus propuestas de reforma afectan a la Disposición adicional segunda del texto, que modifican para exigir al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, "que impulse la extensión de la banda ancha para conseguir, antes del 31 de diciembre de 2007, una cobertura de servicio universal".
Así, reclaman que la banda ancha se extienda a todos los ciudadanos, "independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y a precios razonables".
Para ello, piden que sea el Gobierno el que "analice de manera continua las diferentes opciones tecnológicas y las condiciones de provisión de servicios de acceso a internet de banda ancha para el conjunto de ciudadanos y empresas en España".
INFORME ANUAL
En particular, demandan que la Administración colabore con los diferentes sectores para elaborar un informe anual sobre la situación del uso de los servicios de acceso a internet de banda ancha en España.
"Este informe será de carácter público y podrá elaborar recomendaciones para acelerar el despliegue de los citados servicios. A efectos de realizar los análisis e informes mencionados en los párrafos anteriores el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá realizar los requerimientos de información generales o particularizados que sean necesarios", demandan.
Por otra parte, estas asociaciones insisten en que la ley recoja expresamente que "los únicos órganos competentes para restringir publicaciones, textos, imágenes, grabaciones audiovisuales o cualquier otro medio de información o comunicación electrónica serán los Juzgados y tribunales", después de que se plantease en el anteproyecto la posibilidad de dar esta atribución a las entidades gestoras de derechos.
Firman estas reclamaciones diversos colectivos y asociaciones como Hispalinux, FFII, Ritsi, Comfia-CCOO, Copyme, Ati, Internautas, AI2, Linux.es, Apemit, Inciativa Focus, Legalventure, Iglues, ESLIC, AGNIX, LiMa, LiCor, GCubo, Informáticos Penitenciarios, Fundación Ciencias de la Documentación, IEPALA y GALPon, entre otros.
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