El Gobierno de Aragón (ahora en manos de PSOE-CHA) quiere poner en marcha cuanto antes una ley de renta básica que asegure unos ingresos mínimos para vivir a todos los aragoneses. El Consejo de Gobierno ha aprobado instar al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales para que inicie un proceso de participación ciudadana que sirva como paso previo a la elaboración y aprobación de la normativa, con el objetivo de que empiece a moverse su tramitación el año próximo.

El objetivo de la nueva ley será concretar el acceso a un derecho que garantice una prestación económica y, a la vez, facilite y promueva la integración social de las personas con menos recursos. La DGA ha hecho incluso un cálculo aproximado de la inversión presupuestaria que tendrán que hacer para desarrollar la normativa. Estima que está situado entre los 80 y los 90 millones de euros.

"Lo primero es reunirnos con colectivos y entidades con experiencia para ponernos de acuerdo en los requisitos necesarios que deberán cumplir las personas para acceder a esta ayuda", ha explicado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

La intención de la DGA es que la nueva ayuda llegue a todas las personas sin empleo ni recursos, pero también a aquellas que tengan unos ingresos muy precarios. Aunque el Gobierno de Aragón no quiere comprometerse todavía con plazos, sí confirma que la normativa se va a tramitar "de urgencia". La intención es que en los presupuestos de 2016 cuenten con una partida presupuestaria.

Broto ha señalado que, aunque parten de cero, cuentan con la experiencia y conocimiento de un proyecto similar que desarrollaron en 2012 que "no se llegó a tomar en consideración en el Parlamento".