Abrir los comedores escolares en verano, bajar las tasas universitarias, reabrir escuelas rurales o frenar la aplicación de la Lomce son algunas de las primeras medidas de los nuevos gobiernos autonómicos, que también han fijado entre sus prioridades la sanidad, la dependencia o los problemas de vivienda.

A falta de que se constituyan dos de los catorce gobiernos que se han renovado a lo largo de 2015 (los de Asturias y Navarra), el giro social determina los primeros pasos en las comunidades autónomas, en las que también se anuncian avances en transparencia y en reducción de la estructura pública.

La demanda de una nueva financiación autonómica es generalizada entre los gobernantes, en tanto que el control del déficit, asunto prioritario en la pasada legislatura, prácticamente ha desaparecido de los mensajes de esos mandatarios, cuyas medidas están en parte condicionadas por los acuerdos que les permiten gobernar.

Incluso donde no ha cambiado el color político del Gobierno, como en Madrid o Andalucía, se han profundizado las políticas sociales.

Entre las primeras medidas del Gobierno de Cristina Cifuentes está la aprobación de una partida de 4 millones para garantizar comida a los menores de 12 años en situación de necesidad en los colegios municipales abiertos en verano.

También se han bajado las tasas universitarias un 10%, se ha suspendido el proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Valdebebas y se ha reducido un 16% la estructura del Gobierno.

El Ejecutivo de Susana Díaz, por su parte, ha dado el primer paso legal para poder adquirir viviendas afectadas por desahucios y para impedir el copago en la cartera complementaria de salud, además de bajar los precios de las matrículas universitarias.

El Gobierno andaluz también devolverá en 2016 a aproximadamente 270.000 empleados públicos el 25% de la paga extraordinaria de 2012 y restituirá el 10% de la jornada y las retribuciones hasta recuperar el 100% el personal interino y temporal en enero próximo.

En Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page financiará a los ayuntamientos la apertura de los comedores escolares en verano y se ha comprometido a reabrir las escuelas rurales cerradas la pasada legislatura y a rectificar la reducción a la mitad de las horas de tutoría en Primero y Tercero de la ESO.

Su Gobierno —que tendrá un 10% menos de altos cargos que el anterior— quiere resolver el conflicto laboral con los conductores de la Junta y retirar el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) que presentó el anterior Ejecutivo regional a la sentencia que declaraba nula la Orden de Dependencia aprobada en 2013.

Para el Gobierno del PSOE y Compromís en la Comunidad Valenciana las prioridades han sido iniciar los trámites para eliminar el repago a las personas con diversidad funcional o dependientes, paralizar el concurso para la demolición del antiguo hospital La Fe de Valencia y consensuar con la comunidad educativa el retraso del inicio de curso escolar.

El presidente valenciano, Ximo Puig, quiere auditar las concesiones sanitarias y ha anunciado que no habrá desahucios de personas en riesgo en el parque público de vivienda.

El Govern balear (del PSOE y Més) ha derogado la aplicación del trilingüismo en las aulas y ha anunciado que devolverá la tarjeta sanitaria a las 20.000 personas inmigrantes que la perdieron a raíz de la normativa estatal de 2012. También estudia la presidenta Francina Armengol recuperar la ecotasa e implantar una renta mínima para las personas más desfavorecidas.

En Aragón, la decisión más importante se tomó al día siguiente de la toma de posesión del Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán, que aprobó paralizar la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en aquello que compete a la Comunidad.

También en materia de Educación el Gobierno ha acordado la paralización 'in extremis' del cierre de 11 aulas en la ciudad de Zaragoza y se ha comprometido a no cerrar los colegios del medio rural con cuatro alumnos.

En Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reducido de siete a cinco el número de consejerías y ha anunciado la supresión del Consejo Consultivo y de un 25% del presupuesto de la Asamblea de Extremadura.

También se ha comprometido a devolver el exceso del repago sanitario a los pensionistas y a reabrir las urgencias rurales que se cerraron.

Fernando Clavijo, nuevo presidente canario, ha optado por recomponer relaciones con el Gobierno central tras la crisis de las prospecciones. De momento ya ha recibido al ministro de Industria, José Manuel Soria, y ha pedido una entrevista al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El Gobierno de Cantabria, que conforman PRC y PSOE, ha adoptado como primeras medidas retomar el diálogo social con UGT, CC OO y CEOE e iniciar la elaboración de un plan de emergencia social.

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, ha dedicado sus primeras jornadas a escuchar las propuestas de los alcaldes de la comunidad.

Por su parte, el Ejecutivo de Murcia ha acordado iniciar la tramitación del decreto de Participación Ciudadana para propiciar la implicación social en la toma de decisiones y en la evaluación de la gestión del Ejecutivo autonómico.