El Congreso no decidirá al menos hasta el próximo mes de septiembre si concede el suplicatorio para que el Tribunal Supremo pueda seguir investigando exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, el único imputado en el caso de los ERE que mantiene su escaño en la Cámara. Viera se dio de baja en el PSOE y pasó a formar parte del Grupo Mixto del Congreso, con lo que sigue siendo aforado.

La Sala de Admisión del Tribunal Supremo dictó suplicatorio el pasado 9 de julio dejando en suspenso, hasta que el Congreso se pronuncie al respecto, la tramitación de las actuaciones que afectan al exconsejero, a quien el magistrado Alberto Jorge Barreiro imputa los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

Para acelerar los trámites para la concesión del suplicatorio, el Congreso tendría que habilitar la Comisión del Estatuto de los Diputados, de manera que pudiera trabajar durante julio o agosto, meses que, según la Constitución, son inhábiles a efectos parlamentarios.

Sin embargo, fuentes parlamentarias han informado a Europa Press de que en principio, no está previsto habilitar la comisión y que el procedimiento para tramitación del suplicatorio no comenzará hasta septiembre, cuando se reanude el periodo ordinario de sesiones, que en esta ocasión será también el último de la legislatura.

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles, es decir, que no empezarían a correr hasta el 1 de septiembre.

El ejemplo de merino

Una vez que el presidente del Congreso, Jesús Posada, reciba la petición de suplicatorio remitida por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, podría llevar el asunto a la Mesa de la Cámara, que tiene prevista su próxima reunión para el miércoles, 22 de julio.

Sin embargo, Posada es partidario de no elevar el tema a la Mesa hasta septiembre. Eso fue lo que hizo su antecesor, José Bono, en agosto de 2009, cuando recibió la petición del suplicatorio contra el entonces diputado del PP Jesús Merino para ser investigado por el 'caso Gürtel'.

Como en aquella ocasión la solicitud para quitar el fuero también llegó al Congreso en periodo inhábil, Bono ordenó custodiar el escrito del Supremo en la caja fuerte de la Cámara Baja para evitar, según él mismo alegó, una difusión "interesada" o una "condena anticipada sin respeto a la presunción de inocencia".

El actual presidente del Congreso se inclina por hacer lo mismo en el caso de Viera, por lo que en principio la Mesa no se pronunciará sobre el suplicatorio hasta principios de septiembre. Una vez que el órgano de gobierno dé su visto bueno, Posada contará con cinco días para remitir la solicitud para levantar el aforamiento a la Comisión del Estatuto de los Diputados que preside el 'popular' Aurelio Romero.

Se dará audiencia a viera

El Reglamento fija un plazo máximo de 30 hábiles para que la Comisión del Estatuto de los Diputados decida sobre el suplicatorio, para lo que deberá dar audiencia a Viera, bien en persona o por escrito. Una vez concluya su tarea deberá remitir su conclusión al Pleno de la Cámara, que habrá de debatirla en su primera sesión ordinaria.

En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas —ya que suele dar un plazo de diez días a los afectados para que hagan sus alegaciones—, con lo que, el suplicatorio podría llegar al Pleno del Congreso a finales de septiembre o principios de octubre.

En total, la Cámara cuenta con 60 días hábiles para completar la tramitación de un suplicatorio que se computan "durante el periodo de sesiones" a partir del día en que el escrito del presidente del Tribuna Supremo llega al Congreso.

Disolución de las cortes

Si éstos se apuraran podría incluso darse el caso de que las Cortes se disolvieran antes de que el Pleno votara el suplicatorio.

Si el Gobierno finalmente completa la tramitación de los Presupuestos para 2016 las Cortes podrían quedar disueltas a penúltima semana de octubre, sin que se hubieran cumplido los 60 días naturales que habrían empezado a contar el 1 de septiembre.

Con las Cortes disueltas sólo mantienen su aforamiento los Diputados que forman parte de la Diputación Permanente y lo previsible es que, si no lo hubiera hecho antes, Viera perdiera entonces su fuero.

Sin embargo, la posibilidad de que la Cámara apure los plazos es muy remota porque el Congreso suele tramitar los suplicatorios en el plazo de un mes o mes y medio, dado que la Comisión del Estatuto del Diputado habitualmente nunca agota los 30 días con los que cuenta y después se votan en el primer Pleno ordinario. Una vez que el Pleno emite su voto, el presidente del Congreso tiene ocho días para informar al del Tribunal Supremo sobre el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 30 suplicatorios y ha rechazado 13. Los tres últimos que salieron adelante permitieron juzgar a tres diputados del PP —Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte— que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.