Los empresarios españoles no quieren financiar un sistema de formación profesional en el que, tras la reforma del Gobierno, la gestión ya no está en sus manos, sino en las de la Administración.

Además, las empresas reprochan que el carácter finalista de este dinero, la financiación de la formación continua, está cada vez más escorado hacia la recualificación de parados.

Además, dudan de que vayan a poder participar activamente en el diseño de los programas de formación, como versa la reforma, y se ven financiando un sistema que no cubre las necesidades de formación que las empresas realmente necesitan. "¿Qué pintamos ahí?", se preguntan fuentes de la patronal.

Por eso, muchas empresas y patronales, entre ellas la CECA o Cepyme, plantean unir sus fuerzas, pedir de forma organizada y firme la supresión de la cuota del 0,6% de las nóminas -otro 0,1% corre a cargo del trabajador-, con la que fundamentalmente se ha venido financiando el sistema, y dedicar sus recursos a crear nuevos cauces para impartir formación. "En septiembre se va a acelerar muchísimo el proceso", prevén las mismas fuentes.

Se trata de una rebelión en toda regla contra una de las reformas más ambiciosas del Ministerio de Empleo, que perseguía, según el Gobierno, dotar de más eficacia a un sistema que mueve al año casi 2.000 millones de euros, y evitar nuevos casos de fraude en la gestión de los recursos.

El Real Decreto-Ley de la reforma entró en vigor en marzo y actualmente se encuentra pendiente de tramitación como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, pero entre los empresarios nadie confía en que sufra cambios sustanciales.

En sus actuales términos, la norma quita el papel protagonista de la gestión e impartición de cursos de formación de oferta -suelen reunir materias válidas para diferentes ocupaciones como idiomas o conocimientos informáticos- a los empresarios y sindicatos, y la abre a la libre concurrencia. Además, la Administración sólo adelanta ahora un 25% de los recursos, y va pagando el resto a medida que se vayan completando los programas, en lugar de aportar el 100% desde el inicio.

Por otro lado, la formación de demanda o bonificada, aquella que puede llevar a cabo la empresa con sus propios medios mediante una subvención en la cuota de formación, se mantiene. No obstante, las empresas de menos de cinco trabajadores tendrán que poner de su bolsillo el 5% de las acciones formativas.

Mientras tanto, aún se encuentra en ejecución la convocatoria de subvenciones para la formación de 2014 y es previsible que la correspondiente a este año se publique entre agosto y septiembre, incluyendo los preceptos ya en vigor de la reforma.

Entre medias, fuentes de la patronal aseguran que el sentir de las empresas, de "incertidumbre" e "indignación", está llevando a sectores empresariales, especialmente aquellos que requieren una formación más específica, a ir pensando en su particular salida del sistema.

La Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales (ACARL), asociación patronal que agrupa a las cajas de ahorros españolas, ya ha decidido no elaborar el próximo plan de formación y en Cepyme, la patronal que acoge a las pequeñas y medianas empresas, más del 95% del tejido empresarial española, se está planteando no hacer el plan este año.

También es el caso del sector turístico. Fuentes de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) sostienen que el pago de las cuotas de formación "es voluntario" y emana de un acuerdo originario entre patronal y sindicatos.

"Nuestra posición es que si no podemos participar del diseño de los cursos y si los fondos no se destinan en su totalidad a formación continua planteamos dejar de contribuir y autofinanciarnos recaudando dinero de forma voluntaria entre nuestros afiliados y sus empleados", añaden las mismas fuentes.