Los episodios de temporal más fuertes de los últimos años en Galicia han costado casi 100 millones de euros en indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, que también ha pagado más de 11 millones por daños provocados por inundaciones.

Así, Galicia es la Comunidad Autónoma más afectada de España por las llamadas "tempestades ciclónicas atípicas" (TCA) y, según ha recordado la directora del Consorcio, Flavia Rodríguez-Ponga, "no son infrecuentes los tornados", la mayoría en zonas costeras. De hecho, desde 2015 se han registrado en la comunidad gallega 14 tornados (el 15 por ciento del total de España).

Según los datos facilitados por Rodríguez-Ponga en un desayuno informativo organizado por la Fundación Inade (Instituto Atlántico del Seguro) desde diciembre de 2013, con el temporal 'Dirk', hasta diciembre de 2017 con la ciclogénesis 'Ana', en Galicia se realizaron más de 68.500 solicitudes de indemnización por daños causados por riesgos extraordinarios, y se pagaron 97,9 millones de euros.

Por otra parte, entre enero de 2015 y abril de este año, hubo casi 3.000 solicitudes relacionadas con inundaciones y embates de mar, que costaron al Consorcio 11,4 millones de euros en indemnizaciones. Los episodios más graves tuvieron lugar entre enero y marzo de 2016 (en lugares como Redondela, Ponteareas, Carballo o Sada), con más de 2.400 solicitudes gestionadas y 9,9 millones de euros en compensaciones.

GESTIÓN DE RIESGOS

El responsable de Inade, Adolfo Campos, ha recordado que los llamados "riesgos extraordinarios" no se limitan solo a inundaciones o daños por viento en los temporales, también se refieren a terremotos, erupciones volcánicas, actos de terrorismo, motines o tumultos populares, o acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según ha apuntado, en el año 2017 el Consorcio de Compensación de Seguros pagó en Galicia más de 100 millones de euros derivados de alguno de estos riesgos.

Por otra parte, ha advertido de que tanto las empresas como las propias administraciones tienen un problema: muy pocas tienen programas o departamentos de gestión de riesgos, por lo que el aseguramiento de los bienes es deficiente. Así, solo el 25 por ciento de las empresas hace gestión de riesgos y, en el caso de particulares, ha cifrado en un 60 por ciento la cobertura de seguros en el parque de viviendas.

"Hay una parte del patrimonio público que no está asegurado, y con las industrias pasa lo mismo, tienen las coberturas mínimas obligatorias. Luego, cuando hay un incendio u otra catástrofe van a llorar a la Xunta para que suelte el dinero. ¿Para qué se van a asegurar si saben que después tendrán ayudas públicas?", ha denunciado Adolfo Campos.