El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves por unanimidad la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, un texto que incluye una enmienda de ERC para garantizar que las denuncias puedan ser redactadas en lengua catalana.
La enmienda, transaccional con el PSOE, estipula que se considerará como "falta grave, la negativa a tramitar una denuncia formulada en una lengua oficial" del Estado.
Se sancionará con la suspensión de trabajo y sueldo durante un tiempo que oscilará entre uno y tres meses y podría incluso comportar la pérdida de destino para el agente.
El texto también incluye la pérdida de graduación para el agente que la infrinja y que discrimine por motivos de sexo, raza o lengua, religión u opinión, incluidos los casos de desconsideración o desatención a las personas que se expresen en catalán.
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