El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha emplazado este viernes a "financiar adecuadamente" el turno de oficio y ha destacado la profesionalidad de los letrados, así como la veteranía de muchos de ellos. Ha presidido el acto de celebración del Día de la Justicia Gratuita en el Colegio de Abogados de Zaragoza.

Momentos antes de comenzar el acto, Carlos Carnicer ha declarado a los medios de comunicación que es una "sinrazón" que las Comunidades Autónomas no paguen de forma adecuada a los abogados que prestan el servicio de justicia gratuita.

Ha hecho hincapié en que "una de las grandes injusticias es la escasísima remuneración que cobran nuestras compañeras y compañeros", lamentando "esa falta de aprecio" por parte de las Administraciones públicas en torno a la justicia gratuita.

"Todos tienen suficiente preparación para garantizar el derecho a la defensa y nuestras instituciones colegiales forman suficientemente a esos abogados", ha recalcado Carnicer.

Ha explicado que no solo se dedican al turno de oficio los abogados que dan sus primeros pasos en esta profesión, sino que los hay con larga experiencia, entre los que ha citado al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, un "magnífico" letrado, que ha estado presente en el acto, durante el que se ha entregado un diploma a algunos especialistas con varias décadas de experiencia.

"La justicia gratuita garantiza que nadie va a dejar de defender sus derechos correctamente por falta de dinero o porque tiene alguna otra dificultad", ha expuesto Carlos Carnicer, quien ha subrayado que los abogados, junto con las leyes que regulan esta actividad jurídica, "garantizamos que España es un Estado de Derecho porque todas las personas pueden defender sus derechos".

En el conjunto de España, la justicia tramita anualmente 125.000 expedientes con abogados del turno de oficio, sumando un total de 1.750.000 asuntos, aproximadamente, que llevan unos 42.700 letrados.

Situación "razonable"

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, titular de las competencias autonómicas de Justicia, ha comentado que los jueces y tribunales aragoneses tramitan anualmente unos 15.000 casos, en lo que va de año aproximadamente 7.000.

El Gobierno de Aragón subvencionó la justicia gratuita con 4.773.913 euros en 2014 y el crédito presupuestario asignado para 2015 es de 6.049.981 euros.

El consejero de Presidencia ha señalado que el Gobierno de Aragón ha pagado los cuatro trimestres de 2014 y ha abonado el periodo enero-mayo de 2015 a los tres colegios provinciales, lo que supone 621.810 euros en el caso de Zaragoza, 173.691 en Huesca y 101.247 en Teruel. "La situación de los pagos es bastante razonable", ya que el Ejecutivo ha conseguido que se pague "con tiempo", ha aseverado.

"En mí van a encontrar un consejero que va a estar abierto a todas las demandas que se me haga". Aunque "la situación económica no es fácil", Guillén procurará que haya una partida presupuestaria "suficiente" para pagar a los abogados que atienden a las personas sin recursos para acudir a la justicia.

Guillén ha puesto de relieve "la valía, el trabajo y el esfuerzo que hacen tantos abogados que socorren a los menesterosos, a aquellas personas que sin la ayuda de estos profesionales y de los Gobiernos que les financian sería imposible que pudieran acudir a pedir justicia, a reclamar la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución".

MANIFIESTO

Durante el acto, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha leído un manifiesto en el que ha defendido el actual modelo de justicia gratuita, "ya que garantiza el acceso de los más desfavorecidos al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva", siendo "eficaz y eficiente".

El manifiesto señala que la reforma de este servicio público "se debe llevar a cabo previo diálogo y consenso" entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los prestatarios del servicio, abogados y procuradores.

Antonio Morán ha reivindicado "una mejora en las condiciones" en que se presta el servicio, como garantizar el cobro de los honorarios, la posibilidad de renuncia y que las cargas administrativas sean razonables.

"Apoyamos las legítimas reivindicaciones de los abogados", ha dicho el decano, recordando que ese servicio está disponible para los solicitantes las 24 horas del día y los 365 días del año en cualquier lugar de España, para rechazar "cualquier intento de privatización del servicio de justicia gratuita". El manifiesto concluye expresando que la justicia gratuita es un derecho constitucional.