Los universitarios madrileños se beneficiarán de una bajada del 10% en el coste de sus matrículas a partir del próximo curso 2015-2016. Así lo anunció este jueves Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, que también hizo pública la paralización de uno de los grandes proyectos de Esperanza Aguirre: el Campus de la Justicia.

Cifuentes detalló que el recorte de los precios para los estudios superiores se aplicará de inmediato, a pesar de que el presupuesto de la Consejería de Educación para 2015 está "gastado en buena parte". Ello obligará, según confesó, a retrasar el inicio del período de matriculaciones, dado que la decisión implica modificar el decreto de precios del último curso, para lo que son preceptivos varios informes técnicos.

A falta de elaborar la propuesta, el ahorro estimado para las familias será de 150-200 euros, en función de la carrera, dado que las humanidades se incrementaron menos que las ingenierías. Además, la presidenta dejó abierta la puerta a nuevas acciones de este tipo: "No renunciamos a que se puedan seguir bajando en el próximo ejercicio".

El descenso revertiría, en parte, los últimos 'tasazos', que dispararon los precios un 38% de media en el curso 2012-2013 (450 euros más al año) y un 20% (300 euros) en el 2013-2014. El año pasado (curso 2014-2015), Ignacio González, antecesor de Cifuentes, decretó la congelación de los grados, másteres y doctorados. Así, desde 2012, las tasas universitarias se encarecieron en un 65%.

Por otro lado, el número de alumnos que cursaban estudios en universidades públicas pasó de los 193.568 de la etapa 2011/2012, previa a las subidas, a 186.582 en la 2014/2015, un 3,6% menos.  Los alumnos de máster, en cambio, crecieron: de 15.661 a 17.833 (+13%).

"Creemos que, en un momento como el actual, hay que hacer un esfuerzo adicional. La rebaja de tasas es un esfuerzo extraordinario, pero hemos priorizado y entendido que es una priodidad de la sociedad madrileña. Yo cumplo mis promesas y lo antes posible. Tiene que ser ahora, porque el curso universitario está a la vuelta de la esquina", justificó tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

También en el ámbito educativo, la jefa del Ejeutivo confirmó que la apertura de los comedores escolares en verano está "muy avanzada". "Ya nos hemos puesto en contacto con todos los ayuntamientos, que nos han dado valoración de los recursos que ponen a disposición de las familias en situación de necesidad. A principios de la semana que viene, entre el lunes y el martes, se resolverá la situación individualizada de cada menor. El objetivo es que no solo vayan a comer, sino que, en la medida de lo posible, hagan uso de las actividades de verano que hacen los centros", concluyó.

La segunda decisión trascendental adoptada por los consejeros autonómicos este martes fue la de dejar en suspenso el Campus de la Justicia, que iba a reunificar las sedes judiciales dispersas por la capital.

El gobierno saliente, comandado por Ignacio González, propuso adjudicar la otrora promesa estrella de Esperanza Aguirre a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras OHL y Acciona, cuya oferta se habría impuesto a la del tandem ACS-Ferrovial por motivos técnicos y económicos.

Cifuentes siempre receló del coste de la operación, que ascendía a unos 1.320 millones de euros, como informó El País, casi el triple de los 500 millones en los que se presupuestó el complejo inicialmente. Aunque nunca lo mencionó en campaña, su intención siempre fue la de revisar a fondo las obras, para lo que ha escudriñado todas las posibilidades legales.

Ángel Garrido, mano derecha de la presidenta, portavoz y responsable de Presidencia y Justicia, explicó este jueves que la sociedad original, denominada Campus de la Justicia, quedó extinguida en septiembre de 2014. Hasta ese momento se habían invertido más de 120 millones de euros en los terrenos de Valdebebas, los diseños, la urbanización de espacios y en la construcción de uno solo de los 14 edificios prometidos, el Instituto de Medicina Legal.

Ignacio González relanzó la iniciativa casi en paralelo, pero en régimen de concesión y bajo el nombre de Ciudad de la Justicia. La firma de ingeniería Corsan Corviam, que había resultado adjudicataria del estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa de las obras del edificio de los juzgados de lo Social y Mercantil -que nunca llegó a levantarse-, recurrió entonces al Tribunal de Contratación en defensa de sus derechos. Este órgano le dio la razón y decretó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad no podría adjudicar definitivamente el nuevo contrato hasta que compensase a Corsan por los daños causados.

Cifuentes se ha aferrado a esta posibilidad para argumentar que el Campus (o la Ciudad de la Justicia) no puede seguir adelante, al menos, por el momento. "El informe de la Abogacía de la Comunidad dice que lo suspendamos. Nos damos un tiempo para poder analizar el proceso y resolver el contrato de Corsan", añadió Ángel Garrido, que puntualizó que esta resolución no será "a coste cero", aunque rechazó especular sobre el importe final.

En paralelo, la Comunidad pedirá a las empresas que se presentaron a la licitación que ratifiquen sus ofertas, aunque no tienen obligación, a fin de estudiar la viabilidad del proyecto, que lleva anunciado desde el año 2004.