La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido al mediodía de este jueves el registro realizado en la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), organismo dependiente de UGT, en Sevilla, para buscar documentación relacionada con los cursos de formación del sindicato en Andalucía.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Europa Press de que los registros comenzaron a primera hora de la mañana de este jueves en las sedes del IFES en Sevilla y en Madrid.

En el caso de Sevilla, la sede está ubicada en la avenida de Blas Infante, en el barrio de Los Remedios, donde se han personado agentes de la UCO de paisano que han requisado cajas con documentación en el marco de una operación que se ha prolongado durante toda la mañana.

En la operación, en el marco de la cual no se han efectuado detenciones, los agentes han intervenido distinta documentación relacionada con el asunto de las presuntas irregularidades en los cursos de formación vinculados a UGT-A, causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

Según informa el propio Instituto en su página web, el Instituto de Formación y Estudios Sociales es una fundación de la Unión General de Trabajadores cuyo fin se centra en la formación profesional para el empleo y en ofrecer soluciones a la múltiples necesidades formativas de empresas y trabajadores.

Para llevar a cabo sus actividades, IFES dispone de sedes en la mayoría de las comunidades autónomas y colabora con el Servicio Público de Empleo, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, así como con todas las administraciones autonómicas y numerosos ayuntamientos, diputaciones y empresas.

Desde su fundación y hasta la fecha, IFES ha impartido más de 110.000 cursos y ha contado con la confianza de 1.600.000 alumnos.

El juez Juan Jesús García Vélez, dentro de la investigación por un posible fraude en subvenciones por parte del sindicato UGT-A mediante facturas falsas, mantiene imputadas a un total de 18 personas, entre ellas a los exsecretarios generales de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, así como al exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos del sindicato Federico Fresneda.

Hay que recordar que Fernández Sevilla también está imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por la ayuda a la multinacional del tabaco Altadis, hechos por los que el Ministerio Público le ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.

El instructor considera que la declaración prestada por Federico Fresneda "es contundente cuando ratifica la implicación" de Fernández Sevilla y Pastrana en las decisiones ejecutivas del sindicato, "y en concreto las referidas a la creación de la central de compras, órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".

Al hilo de ello, y en la providencia donde los citó a declarar, el instructor explica que ésta última "se concretaba en el establecimiento de la técnica de 'rapel', que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención".

El juez también alude al llamado 'bote', "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados".

En un escrito elevado al Juzgado, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que citara a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.

En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla "fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato", precisando que el primero de ellos "fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013".

De su lado, Fernández Sevilla "fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión" junto con Manuel Pastrana y el propio Fresneda.

Según explica la Fiscalía, "este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato", aseverando que esta comisión ejecutiva, "y singularmente los acusados, no solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, hace un resumen de los hechos investigados, indicando que, "en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Según pone de manifiesto, los hechos investigados "comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados", y explica que esta central de compras "fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de Organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".

El Ministerio Público señala que "esta financiación ilícita" se llevaba a cabo por medio de varias "vías", como el 'rapel' o el 'bote'.

Según la Fiscalía, "este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación".