Áurea Soto trabaja como funcionaria en el Concello de Vigo desde 1975. En 1989 se presentó a una plaza para ascender de delineante a jefe de grupo de la inspección técnica de obras. Ganó la plaza, pero no fue hasta 1990 cuando se le comunicó que podía comenzar a desempeñar sus funciones.
Es ese año cuando comienza su calvario, al comprobar que su trabajo lo estaban realizando sus subordinados y que de ellos es de quien recibe órdenes. Unas órdenes que también llegan de sus superiores, porque según asegura «a mis compañeros no les gustaba que me hubiesen dado a mí la plaza», explicó la afectada en rueda de prensa para los medios de comunicación.
Con el paso del tiempo todo se complicó. Empezaron a prohibirle utilizar el teléfono y llegaron incluso a colocar por las paredes folios en los que sus compañeros se mofaban de la situación.
Tras poner el caso en conocimiento del departamento de Personal, le aseguraron que abrirían diligencias. Pero, según Áurea, «la investigación nunca llegó a realizarse».
Por ello, en 2004 puso una demanda por daños psicológicos, que fue desestimada. Según explica, la magistrada reconoció un «clima incómodo» en el trabajo, pero no mala intención por parte de sus compañeros. Tras recurrir la sentencia, el pasado mes de febrero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia explicó que «la recurrente está disconforme con su situación».
Pero la situación fue a peor hace diez días. Después de cinco meses de baja por accidente, el lunes 11 de junio, al incorporarse al trabajo, le comunicaron que había sido traslada al departamento de Patrimonio Histórico.
Al llegar a su nuevo destino comprobó que allí «no tienen sitio para mí y tampoco trabajo. Cobro un sueldo de funcionaria por estar leyendo el periódico». Así las cosas, Áurea se pasa su jornada laboral «en un hueco que me han hecho en una mesa de una sala de juntas».
Tres casos de acoso a la semana
La Asociación Gallega Contra el Maltrato en el Trabajo (Agacamt) atiende cada semana a una media de tres personas en Vigo. El 60% de las llamadas que recibieron en 2006 fueron de mujeres porque, según su presidenta, Eva Ventín, «todavía se nos ve como instrusas en el mercado laboral».
Sin embargo, sólo dos de cada 100 denuncias que llegan al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resultan favorables para el trabajador. Los teléfonos de Agacamt son 637 954 900 y 617 537 085.
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