Empresario acusado en el caso Cloaca defiende los pagos que recibió del Consell por 2.150 sillas y otros servicios

Simón Galmés, empresario acusado en el marco de la causa centrada en un presunto desvío de más de 575.000 euros públicos a través de la compra de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos que nunca se llevaron a cabo, ha defendido la legalidad de los pagos que recibió de la institución por varios de estos encargos y que ascienden a unos 545.000 euros.

Simón Galmés, empresario acusado en el marco de la causa centrada en un presunto desvío de más de 575.000 euros públicos a través de la compra de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos que nunca se llevaron a cabo, ha defendido la legalidad de los pagos que recibió de la institución por varios de estos encargos y que ascienden a unos 545.000 euros.

Durante su declaración en el juicio por esta causa, que ha arrancado este lunes y continuará el próximo día 16, Galmés ha manifestado que su empresa, Ses Nostres Eines, estaba "más que capacitada" para desarrollar las actividades para las que resultó adjudicataria, al tiempo que ha justificado la elevada cantidad de dinero que percibió ante los numerosos gastos a los que tuvo que hacer frente para cumplir los encargos.

El acusado se ha defendido así de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que señala cómo la empresa resultó adjudicataria, en julio de 2006, de un expediente para la adquisición de 2.150 sillas por un importe de 29.500 euros. Según el Ministerio Público, la institución insular abonó un precio "desproporcionado" -casi el cien por cien superior- por unas sillas que no constan recibidas.

Del mismo modo, apunta la acusación, Ses Nostres Eines fue contratada por parte de las empresas adjudicatarias de la recogida selectiva (FCC/Lumsa por un lado y Melchor Mascaró/Rebalim SA y Hermanos Pellicer Pons SA, por el otro), a fin efectuar el control y seguimiento de los servicios de recogida prestados. Desde julio de 2006 hasta diciembre de 2010, la empresa cobró más de 515.000 euros públicos.

Y todo ello a pesar de que, postula, el objeto social de la mercantil nada tenía que ver con la recogida de residuos. Al respecto, Galmés ha aseverado que la sociedad fue constituida para llevar a cabo actividades comerciales y de servicios, de modo que "si me pedían asesoramiento para algún asunto lo pudiera hacer".

El empresario ha manifestado cómo, para el servicio de control de la recogida, hacía "muchísimas más horas de las que tenía que hacer" y que, entre los gastos a los que tenía que hacer frente, se encontraba la adquisición de una furgoneta por unos 15.000 euros. Según ha apostillado además, había meses en que los gastos ascendían a más de 800 euros "sólo de gasoil".

Finalmente, ha recalcado que "nunca" acudió al exconseller de Cooperación Local Miquel Riera, ya fallecido, para "hablarle de penurias" y que le favoreciese con contratos. "Si me dirigí a él fue para ver si me podía dar información sobre el Consell de cara a hacer ventas.

Asimismo, ha asegurado no creer que Riera dejase instrucciones a su sucesora en el cargo, Catalina Julve -también acusada- a fin de que le fueran adjudicados los anteriores expedientes, "ya que no preveía que se fuera a morir y no podía saber nunca que sería Julve la que entraría en su lugar".

En concreto, la Fiscalía reclama siete años de cárcel para Julve, Galmés y la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer, mientras que solicita cuatro años para los empresarios César García y Miguel Rullán, adjudicatarios de otra de las contrataciones investigadas.

El Ministerio Fiscal apunta a la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la administración, y pide además que los procesados respondan al pago de los fondos presuntamente desviados en favor de la Administración insular. La causa, una de las numerosas que afectan a la extinta UM, permaneció en fase de instrucción durante dos años.

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