La corte europea dio la razón a la Comisión Europea, que en 2005 denunció a las autoridades españolas por el retraso en adoptar las disposiciones técnicas de dicha directiva, aprobada en 2003 y que debía ser trasladada al derecho nacional antes del 1 de julio de 2004.
España fue condenada, además, al pago de las costas judiciales.


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