El Ayuntamiento de Zaragoza quiere buscar, con el nuevo Gobierno de Aragón una vez que se conforme, una alternativa habitacional conjunta a los problemas de vivienda, que previsiblemente se convocará en la primera quincena del próximo mes de julio.

Esta es una de las medidas que ha acordado este lunes la Mesa de coordinación judicial con las administraciones sobre vivienda, que ha tenido lugar en la sede de la Ciudad de la Justicia. En este encuentro técnico se han analizado las mejores vías para la atención temprana de casos de desahucios y la posibilidad de crear nuevos marcos normativos.

Por parte del Ayuntamiento han estado presentes la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, y el concejal de Vivienda, Pablo Híjar; y desde el ámbito judicial ha asistido el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado.

A la cita han acudido representantes de los operadores jurídicos, entre los que se encuentran secretarios judiciales, miembros del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores; de la Administración autonómica, Dirección General de Vivienda y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y por la Administración local, Zaragoza Vivienda.

En declaraciones a los medios de comunicación, Broto ha explicado que se trata de una "primera reunión técnica" en la que se ha emplazado al nuevo Gobierno de Aragón a abordar la demanda habitacional.

"Se han sentado las bases para llegar a soluciones inclusivas" y ha subrayado que "falta la pata del Gobierno de Aragón porque ante la necesidad de vivienda necesitamos ver la línea política del nuevo Ejecutivo autonómico entrante".

"la ley se tiene que cumplir"

La finalidad es "facilitar la justicia y la acción social en la recepción de casos cuando haya un desahucio judicializado", además de abogar por la "prevención coordinada entre la justicia y los servicios sociales ante de que haya una orden de lanzamiento".

Broto ha dejado claro que "la ley se tiene que cumplir y tenemos que ver las alternativas reales de maniobra ante los desahucios por arrendamiento".

Tras recalcar que la reunión ha sido una primera toma de contacto ha calificado de "muy importante" la vinculación entre los estamentos jurídicos, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para "agilizar los procesos dentro de los límites" puesto que hay una legislación estatal "que no podemos cambiar, pero hay que atender las demandas ciudadanas".

Sobre los diez casos de desahucios más inminentes, Broto ha indicado que "hay que estudiar cada caso" y ha apuntado que el convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón para facilitar alquileres sociales "exige tener una alternativa habitacional".

Broto ha manifestado su deseo de que 2015 "sea un año sin desahucios" pero ha incidido en que hay una normativa estatal y la potestad del Ayuntamiento tiene ciertos límites". No obstante, ha apostillado que "hay que empujar todos hacia el mismo lado" al argumentar que el ofrecer una alternativa conjunta siempre será mejor".

Sobre el número de viviendas disponibles por ambas administraciones, Broto ha dicho que es una cifra difícil de saber, para decantarse por crear acuerdos que permitan ver si se puede resolver el problema.