Los sindicatos CSIF, USO y ANPE, que suman más del 75 por ciento de la representación del profesorado de Religión en Andalucía, han presentado escritos conjuntos ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación alertando, entre otros aspectos, de las "tensiones" que en el seno de los claustros de algunos centros está generando la aplicación por parte de las direcciones de los centros de la normativa a la hora de decidir sobre la carga lectiva del área.

En sendos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, las centrales sindicales apelan, en primer lugar, a la administración estatal para que se den a conocer instrucciones "claras y precisas" de cómo ha de actuar el profesorado de Religión en los centros que hayan reducido horario, especialmente en aquellos en los que haya varios docentes de esa materia.

Los sindicatos ven "absolutamente evidente", dada la "crispación" ya registrada en algunos centros, que no se puede esperar a octubre para abordar dichas cuestiones, pues "han de estar claras antes del comienzo del próximo curso académico". Por ello, piden solventar cómo quede quedar distribuido el horario del profesorado de Religión el próximo curso cuando haya reducción de horario en un centro con varios profesores; o las obligaciones que el profesorado contratado debe tener si se le establecieran otras tareas al docente de la asignatura en su tiempo 'sobrante'.

En el caso de la administración andaluza, instan además a que se tienda la mano a "soluciones que puedan apaciguar los ánimos y reinstaurar el deseado clima de convivencia que se ha visto perturbado en algunos claustros". Así, reclaman una reunión con el departamento que dirige Adelaida de la Calle, en el marco de una "voluntad de diálogo" y de propuestas "viables".

Dado lo heterogéneo del procedimiento para la comunicación del horario del área de Religión, los sindicatos consideran conveniente una revisión del procedimiento seguido en los centros para determinar si en algún caso se ha producido algún error procedimental que pueda ser subsanado a la mayor brevedad, "en aras de la garantía jurídica a la que tenemos derecho todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad autónoma de Andalucía".