David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados, ha sido trasladado de vuelta a la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras declarar este viernes durante tres horas ante el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, y haber contestado este jueves por primera vez a las preguntas del magistrado otras dos horas.

La declaración de Marjaliza, la primera que presta por este caso (cuando fue detenido en octubre se negó a declarar), está bajo secreto de sumario, por lo que su contenido no ha trascendido, aunque sí que el juez ha decidido que debe permanecer en prisión y mantiene los cargos contra él.

Marjaliza ha declarado durante unas tres horas ante Velasco tras ser trasladado a la Audiencia Nacional por un furgón de la Guardia Civil, el mismo que este jueves le recogió de este tribunal a las nueve de la noche después de haber declarado otras dos horas.

En las cinco horas de declaración solo han estado presentes el juez, las dos fiscales del caso Púnica, Teresa Gálvez y Carmen García, y su abogado, José Antonio Choclán, al encontrarse la causa bajo secreto.

Según fuentes jurídicas, el imputado podría tener que volver a la Audiencia Nacional en los próximos días para algún tipo de diligencia, que no han precisado las fuentes. Esta es la primera vez que el socio de Granados responde a las preguntas del juez sobre su implicación en la trama de corrupción, de la que se considera el cabecilla junto a Francisco Granados, los dos únicos imputados que continúan en prisión desde que ingresaron en octubre a raíz de su detención en la operación Púnica.

Velasco decidió volver a citar a Marjaliza para que aclarara extremos nuevos que se han desvelado en los últimos meses de investigación de la causa. En concreto, le pretendía interrogar, bajo secreto de sumario, sobre presuntas operaciones de lavado de dinero en Singapur y operaciones con obras de arte en Suiza para blanquear fondos, aunque no ha trascendido el contenido de su comparecencia de este viernes ante el juez y las fiscales del caso.

La Audiencia Nacional ratificó el pasado abril la prisión de Marjaliza porque había un "elevado riesgo" de que se fugara y destruyera pruebas en vista de las líneas de investigación abiertas contra él, entre ellas la de sus más de 150 empresas.