La soprano Montserrat Caballé ha pedido declarar por videoconferencia en el juicio en que debe ratificar la pena de medio año de cárcel que pactó con la Fiscalía por un fraude fiscal de medio millón de euros, alegando que sus problemas de salud le impiden desplazarse al juzgado.

Según han informado fuentes judiciales, casi un mes después de no comparecer a su juicio, sin dar ninguna explicación sobre los motivos de su ausencia, la artista ha designado a un nuevo abogado que ha presentado informes médicos para acreditar el delicado estado de salud en que se encuentra.

El letrado ha aportado también un escrito en el que solicita al titular del juzgado de lo penal número 13 de Barcelona que permita a la soprano declarar por videoconferencia en su propio juicio, una posibilidad poco habitual pero que, mantiene el abogado, está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Junto a ese escrito, el abogado ha aportado informes que acreditan que los problemas de salud de Montserrat Caballé, de 83 años, le impiden desplazarse a la Ciutat de la Justicia para ser juzgada y justifican que el 12 de mayo pasado no compareció ante el juez porque el médico le había desaconsejado salir de casa.

La soprano debe acudir a juicio para, según está previsto, hacer una breve declaración en la que acepte que defraudó a Hacienda y certifique ante el juez que se conforma con la pena de medio año de cárcel y una multa de 254.231 euros que pactó con la Fiscalía, tras devolver el medio millón evadido a Hacienda.

Sin embargo, la diva ha sido convocada a juicio en dos ocasiones en los últimos meses: en la primera de ellas, presentó un certificado médico para excusarse, y en la segunda no dio ningún tipo de explicación aunque su abogado de entonces compareció para informar que había renunciado a defenderla.

El letrado, Santiago Ayesta, notificó por escrito que había dejado la defensa de Montserrat Caballé por pérdida de confianza sobre su estrategia política y sostuvo ante el juez que desconocía por completo los motivos por los que la soprano no había acudido al juicio.

El magistrado acordó entonces suspender el juicio y enviar un requerimiento a la soprano para que designara un nuevo abogado y aclarara los motivos de su ausencia. Una vez el letrado de Caballé ha solicitado la videoconferencia, el juez ha preguntado a la Fiscalía y la acusación ejercida por la Abogacía del Estado si aceptan celebrar el juicio a la soprano mediante ese infrecuente procedimiento, que la defensa de Caballé, insiste, está previsto en la legislación.

Será el juez de lo penal el que tenga la última palabra sobre si acepta la declaración por videoconferencia, una situación habitual en los casos de testigos o forenses de un juicio, pero insólita tratándose de acusados, según fuentes judiciales consultadas.

La causa abierta a Caballé es fruto de la querella que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó el año pasado contra ella, a la que acusaba de no haber presentado ante Hacienda la declaración del IRPF de 2010, alegando falsamente que era residente en Andorra, con lo que eludió tributar por los ingresos obtenidos en sus recitales y grabaciones.

En concreto, la diva actuó en 2010 en conciertos en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia y Ucrania, así como en grabaciones musicales en Moscú, Ginebra y Barcelona, por los que ingresó poco más de dos millones de euros.

De estos dos millones de euros que ingresó en 2010 por estas actuaciones, 1,5 millones debían haber integrado la base imponible del IRPF, una vez deducidos los gastos, ya que 439.612 euros se encontraban exentos de gravamen en España.

Sin embargo, Caballé, que estaba obligada a presentar la declaración de renta ante la Agencia Tributaria al ser residente en España, figuró formalmente como residente en Andorra "con el deseo de no tributar en la Hacienda Pública española y no ingresar en este organismo público el dinero que le correspondía por este impuesto", según recoge el escrito de conformidad que la diva suscribió.