España repatrió el año pasado a 2.572 inmigrantes en vuelos, la mayoría a través de Marruecos, que fletó en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex) y a otros 801, en barcos internacionales.

Son datos del Ministerio del Interior que ha presentado este martes la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Parlamento y que se detallan en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que ha dado a conocer en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

El informe también detalla que en 2014 fueron detenidos en España 42.245 extranjeros, de los que 7.340 fueron internados en los distintos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De los 7.340 internados en los CIE fueron expulsados 3.483, es decir, el 47,45%.

En este sentido, Becerril ha sugerido al Ministerio de Justicia que "evalúe muy bien cuándo una persona debe entrar en un centro de internamiento". "Hay que tener un criterio muy riguroso para determinar ese ingreso", ha dicho la defensora, quien ha insistido en que "hay que evitar que haya personas que entren y que no sea el sitio acorde con sus circunstancias".

Becerril ha recordado que los CIE existen en la UE "y por tanto España actúa de acuerdo con lo establecido en los protocolos" europeos, aunque ha advertido de que "no todas las personas que están en los centros son susceptibles de ser repatriados".

De los 2.572 inmigrantes expulsados, la Comisaría General de Extranjería se encargó de la expulsión de 698, la mayoría desde Madrid; 1.555 fueron en vuelos a Marruecos desde Ceuta; otros 82 fueron llevados a Marruecos desde Melilla y 237 trasladados en vuelos fletados por Frontex.

Las repatriaciones en barco partieron desde Alicante hacia diversos puertos argelinos. En el informe, Becerril explica que supervisó cuatro vuelos de repatriación en ese periodo y propone que haya siempre intérprete en todos los operativos de repatriación.

Además, la institución propone que los operativos de repatriación se lleve a cabo un reconocimiento médico previo a todos los extranjeros que vayan a ser expulsados y no sólo a los que tengan alguna patología conocida.

"Se ha comprobado, y esto es motivo de preocupación, que en ocasiones no se anota en las hojas de custodia de detenidos todas las vicisitudes que se producen con relación a los ciudadanos que van a ser repatriados en vuelos organizados por España y, en particular, la comunicación telefónica a sus familiares, garantizándose con ello la cadena de custodia e incidencias", señala el informe.

El defensor también expone que las instalaciones que acogen a extranjeros en situación irregular que llegan a España en embarcaciones desde el norte de África, denominadas centros de primera asistencia y detención de extranjeros, "no reúnen las condiciones más adecuadas para personas que después de una travesía que, normalmente, se alarga durante días en condiciones muy duras, tanto física como psicológicamente".

"Es prioritario que, en los casos de menores acompañados de sus padres, el interés superior del niño conlleve, antes que a la detención de la familia, al mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a una medida privativa de libertad", concluye el informe.