Según ha explicado a Europa Press una de las portavoces del colectivo, Margarita Sanguino, los profesionales de Málaga han sido los primeros en manifestarse y "abrir la veda" para visualizar una problemática que afecta a todo el servicio andaluz, y por la que pretenden protestas acompañados de alumnos sordos, familiares y profesores que apoyan la reivindicación.

Y es que, según Sanguino, la situación "se va agravando cada año", pues la Consejería de Educación, Cultura y Deporte no atiende a las peticiones de un sector cuyo servicio, cada cierto tiempo, "se ofrece al mejor postor, siendo uno de los requisitos para la empresa adjudicataria que la oferta sea la más económica para la Junta: como se puede adivinar, eso solo se consigue bajando los salarios de los trabajadores a medida que van pasando los años".

Una vez adjudicado, "los trabajadores ya no tienen ninguna vinculación" con la Junta, es decir, "se financia un servicio, obligatorio por ley, pero se desentiende completamente de la forma de gestionar la subvención", con lo que todo desemboca en un grupo de trabajadores que, "a diferencia del resto de profesionales con los que comparten su jornada laboral, no pueden vivir de su profesión".

Derecho a una interpretación "de calidad"

Sobre el asunto también se ha pronunciado la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), que ha mostrado en una nota su "preocupación" por la situación educativa a la que se enfrenta el alumnado sordo en Andalucía.

Para el presidente de la FAAS, Alfredo Gómez, esta situación supone "un grave retroceso" para los estudiantes sordos y teme que pueda terminar perjudicándoles. "Los intérpretes de lengua de signos son una pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un modelo educativo que pretende ser igualitario e inclusivo", ha recordado.

Gómez defiende el derecho de este alumnado a contar con una interpretación de calidad, cuestión que pasa por garantizar a estos profesionales unas "óptimas" condiciones laborales. En este sentido, el presidente de la FAAS pide a las administraciones educativas que "no solo observen la oferta económica más ventajosa, sino que se valoren otras cualidades del servicio tales como criterios de calidad necesarios y cláusulas sociales para que el alumnado sordo tenga los recursos educativos óptimos que aseguren la igualdad de oportunidades".

"Lo ideal —ha añadido— es que la figura del intérprete de lengua de signos que trabaja en el ámbito educativo perteneciera al personal de la Junta, ya que forma parte del proceso educativo del alumnado sordo cuando así lo requiera, tal como recogen los documentos de políticas publicas educativas".