El Defensor del Pueblo Andaluz archiva la queja de oficio abierta por el no funcionamiento del tranvía

El Defensor del Pueblo Andaluz ha archivado la actuación de oficio abierta como consecuencia del no funcionamiento del sistema tranviario en la capital jiennense. El cierre, según explica la propia Institución, se lleva a cabo después de que el Ayuntamiento de Jaén no haya contestado a la resolución del Defensor Andaluz y después de que ninguna administración haya propuesto alternativa alguna para el funcionamiento y rentabilidad del tranvía de Jaén.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha archivado la actuación de oficio abierta como consecuencia del no funcionamiento del sistema tranviario en la capital jiennense. El cierre, según explica la propia Institución, se lleva a cabo después de que el Ayuntamiento de Jaén no haya contestado a la resolución del Defensor Andaluz y después de que ninguna administración haya propuesto alternativa alguna para el funcionamiento y rentabilidad del tranvía de Jaén.

En marzo de 2013, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio "tras tener conocimiento por los medios de comunicación" de las dificultades del Ayuntamiento de Jaén para poner en funcionamiento el sistema tranviario en el que se llevaban invertidos, dice el Defensor, unos 100 millones de euros. El Ayuntamiento rechazaba subvencionar este transporte público debido su situación económica.

Asimismo, desde el Defensor del Pueblo Andaluz se formuló a la Consejería de Fomento y Vivienda, en concreto a la Dirección General de Movilidad, y al Ayuntamiento de Jaén resolución para que, en síntesis, "a la mayor brevedad posible, decidieran, de forma conveniada, si, a medio plazo, iba a ponerse en funcionamiento esta infraestructura, acordando la fecha aproximada y las condiciones en que ello se produciría".

En caso negativo, es decir si no era posible el establecimiento del funcionamiento del tranvía, la institución recomendaba que "se adoptaran las medidas necesarias para evitar el deterioro de la misma, de forma que se minimizara su depreciación en el tiempo, se estudiaran los posibles usos alternativos de este espacio público que permita rentabilizar el gasto y se investigaran las posibles responsabilidades, de toda índole, en las que se hubiera podido incurrir ante la innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas como consecuencia de la no entrada en funcionamiento de una infraestructura tan costosa".

En el caso del Ayuntamiento de Jaén y después de las actuaciones realizadas, finalmente no se ha recibido respuesta alguna por lo que se ha incluido la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, "destacando esta falta de respuesta de la autoridad municipal".

En cuanto a la Dirección General de Movilidad, de la Consejería de Fomento y Vivienda, en su respuesta recogía su interés en la puesta en servicio del sistema tranviario de Jaén y su intención de colaborar con la Administración Municipal, añadiendo que el gasto que puede suponer ello para las arcas municipales "podría ser minimizado y racionalizado en el marco de una coordinación entre los diferentes modos y medios de transporte de Jaén".

Sin embargo, la Dirección General de Movilidad no adelanta ninguna iniciativa para que, de forma conveniada, la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Jaén adopten una decisión acerca de si, a medio plazo, va a ponerse en funcionamiento esta infraestructura y las condiciones para el establecimiento del servicio, concretando una fecha para ello.

Tampoco, recoge el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe de archivo, "se proponen alternativas, ni medida alguna, más allá de su ofrecimiento de colaboración, para evitar el deterioro de esta infraestructura o para propiciar otros usos temporales de la misma".

Otro de los puntos para los que no hay respuesta es para la recomendación de "apertura de una investigación a fin de determinar las posibles responsabilidades de toda índole en que se haya podido incurrir ante la innegable lesión patrimonial causada a las arcas públicas como consecuencia de la no entrada en funcionamiento de una infraestructura tan costosa".

Por todo ello, el Defensor entiende que su resolución no ha sido aceptada ya que "seguimos encontrándonos en una clara imposibilidad de determinar una fecha para la puesta en marcha de esta infraestructura, ni para un uso alternativo de la misma, ni se delimita responsabilidad alguna por esta inaceptable situación".

Por lo tanto, el Defensor incluirá esta actuación en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, "mencionado expresamente que la citada Dirección General de Movilidad sí respondió a nuestra resolución, aunque entendemos que no había aceptado su contenido".

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