Galicia es la cuarta comunidad, tras País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%) y La Rioja (6,18%), con un menor porcentaje de hogares con pobreza energética, el 6,22%, según el informe al respecto presentado este jueves por Economics for Energy.

De acuerdo con este estudio, la comunidad se encuentra en el grupo de comunidades en el que el índice de pobreza general (7,37% según el indicador basado en el MIS) es superior al de pobreza energética (6,22%), definida esta última como la incapacidad de un hogar de hacer frente al coste de sus necesidades energéticas básicas.

Asimismo, la comunidad gallega es una de las tres en las que el riesgo de vulnerabilidad de las familias antes la pobreza energética es menor.

El MIS (Minimum Income Standard) se define como la renta que es precisa para disponer de las oportunidades y elecciones necesarias para participar en la sociedad.

Así, aunque el informe sitúa la tasa de pobreza en 2013 en Galicia en el 17,9%, rebaja el porcentaje hasta el 7,37% con el indicador basado en el MIS.

Tique eléctrico

Además, el documento recoge, en el apartado de políticas de lucha contra la pobreza energética, una referencia a la convocatoria pública del tique eléctrico social, con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

"Las ayudas, que se solicitan a semestre vencido, son de 180 euros para familias con dos o menos hijos (menores de 18 años) y de 300 euros para las familias numerosas", explica.

Conjunto estatal

En el caso del conjunto estatal, hasta 1,8 millones de familias se encuentran en situación de pobreza energética, un 9,88 por ciento de los hogares. Según el documento, titulado 'Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación', Melilla (23,4%), Ceuta (16,58%), Canarias (15,09%) Andalucía (15,05%) y Murcia (14,59%) es donde es mayor el porcentaje de hogares en los que el gasto energético supera el 10% de sus ingresos.

En el extremo opuesto de esta lista, se encuentran País Vasco (4,93%), Castilla y León (5,77%), La Rioja (6,18%) y Galicia (6,22%), que son las comunidades autónomas en las que la pobreza energética de los hogares es menor.

Además, subraya que, entre 2007 y 2014, la factura media de gasto eléctrico de los hogares españoles se ha incrementado un 76% y la de gas natural, un 35%.

Este incremento se ha producido, según señala el estudio, en un contexto en el que la tasa de pobreza de los hogares españoles es del 19,03% y el porcentaje de hogares que no superan el estándar de ingresos mínimos necesarios para participar adecuadamente en sociedad (MIS, por sus siglas en inglés) después de descontar los gastos de vivienda y energía, es del 10,1%.

Casi se triplicó

Así las cosas, el índice de pobreza energética en España casi se triplicó entre 2007 y 2013, hasta alcanzar uno de cada diez hogares españoles.

En concreto, la evolución de la pobreza energética desde el inicio de la crisis económica (2007) hasta el año 2013 se ha incrementado del 3,6% al 9,88%, hasta los 1,8 millones de familias, lo que supone casi el triple.

Según el estudio, la consideración de la renta en el cálculo de la pobreza energética es "especialmente relevante" para analizar la situación de los últimos años, ya que los datos confirman que la crisis económica ha contribuido a intensificar las diferencias entre las rentas más altas y las más bajas en España.

Así, dado que la pobreza energética, como faceta de la pobreza general, afecta en gran medida a los hogares con menos ingresos, se trata de un indicador claro de que el problema "se ha incrementado de forma importante".

Además, al incremento de la brecha entre rentas, se suma como agravante el considerable aumento de los precios de la energía, que en el periodo 2007-2014 han hecho que la factura eléctrica de un hogar medio en España haya crecido un 76% y un 35% en el caso de la factura de gas natural.

Perfil mayor vulnerabilidad

De esta manera, "los hogares con ingresos bajos, menores a su cargo, inestabilidad laboral y viviendo en régimen de alquiler representan el perfil de mayor vulnerabilidad", según indicó Pedro Linares, director de Economics for Energy.

En lo que respecta a las alternativas para combatir la pobreza energética, los autores del informe proponen sustituir el actual bono social por una transferencia monetaria a tanto alzado (de cuantía fija) para afrontar todo tipo de gastos de energía financiada con cargo al presupuesto público, y no por las eléctricas, como ocurre actualmente con el bono social.

En concreto, consideran que el actual bono social, instaurado en 2009, presenta debilidades como que sólo es aplicable a la factura eléctrica, que representan el 60% de los gastos energéticos, y no protege específicamente a los consumidores "más vulnerables", ya que el 78% de los hogares que actualmente se benefician de él lo hacen por tener una potencia inferior a 3 kW, "lo que no implica vulnerabilidad a la pobreza energética", añadió Linares.

Asimismo, proponen el mantenimiento de una garantía de suministro básico de electricidad y combustibles, con la imposibilidad del corte eléctrico, como una medida subsidiaria que, de todas maneras, "no sería necesaria si el bono social estuviera bien planteado", señaló el director de Economics for Energy.