El 24 de marzo de 2011, Nieves García Alcaraz, de 56 años, fue condenada a cadena perpetua por un tribunal tailandés. Seis meses antes había sido detenida en el aeropuerto de Bangkok procedente de un vuelo de Ghana (en África). En su equipaje transportaba 3,1 kilogramos de metanfetamina. "Ella siempre ha defendido su inocencia", señala Mónica, su hija, que vive en la localidad albaceteña de Tobarra. Aparte de Nieves, otros dos presos españoles cumplen condena actualmente en Tailandia. Los tres forman parte del listado de 1.716 nacionales recluidos en cárceles extranjeras, de los que el 15% son mujeres (datos de Exteriores a febrero de 2015). Nieves en Tailandia y Ramón, en Grecia, son los dos únicos españoles sentenciados con la perpetua. Sin olvidar a Pablo Ibar, en el corredor de la muerte en una cárcel de Florida (EE UU).

El número de españoles recluidos fuera de nuestras fronteras se ha reducido un 32% en los últimos cuatro años, cuando alcanzaron la cifra récord (2.523 en 2011). Más del 80% está preso por tráfico de drogas. Un poco más de la mitad, el 52%, se encuentra en países de Suramérica, y en torno a otro 35% en Europa. Las asociaciones y ONG que trabajan para ayudarles achacan el descenso a dos factores fundamentales. El primero: las oficinas consulares están haciendo, dentro de sus limitaciones, un buen trabajo por asesorar y asistir a los reos españoles para que tramiten su traslado a España y terminen aquí de cumplir sus condenas.

Y segundo: han calado las campañas mediáticas que avisan que no merece la pena arriesgarse a realizar un 'viaje de la droga' por muy poco dinero cuando el castigo puede ser mucho peor: seis, ocho, diez años de prisión en una cárcel extranjera. Javier Casado, de la Fundación +34, (por el prefijo telefónico de España) pone como ejemplo la detención hace una semana de una red en Tenerife que buscaba indigentes para que hicieran de 'mulas' y trajeran cocaína. "Hace cinco años a las mafias les bastaba con ir a las puertas del INEM de Vallecas. Las cosas han cambiado".

Actualmente, Exteriores y Justicia están tramitando 341 expedientes de traslado de españoles condenados en el extranjero. De ellos, 95 se encuentran "en la primera fase de intercambio de documentación", explica Exteriores, y el resto, 246, ya han sido aceptados por España y solo falta recibir la autorización del Gobierno del país donde cumplen condena. En 2014 se materializaron 162 traslados, sobre todo desde Venezuela (26), Portugal (24) y Ecuador (22). "Portugal es uno de los países que mejor funciona en los traslados", señala María José Moreno, portavoz de los servicios jurídicos de Movimiento por la Paz.

España ha firmado 34 convenios bilaterales con otros tanto países para el traslado de personas condenadas. También ha ratificado el Convenio de Estrasburgo de 1983, que permite el traslado de presos entre 46 países europeos y entre 19 países de otros continentes. Gracias a estos convenios, de los 1.716 españoles en el extranjero, solo once no pueden solicitar su traslado a España porque están recluidos en ocho países que no tienen acuerdos con España. Se trata de Camboya, Etiopía, La India, Nueva Zelanda, Qatar, Siria, Suráfrica y Túnez. Del resto, todos pueden pedirlo.

Nieves, presa en Tailandia desde agosto de 2010, sí podrá beneficiarse del convenio bilateral, aunque los presos extranjeros condenados a cadena perpetua en ese país deben cumplir como mínimo ocho años de cárcel para pedir su traslado a su país de origen. Ella está en la prisión de Klong Prem, donde las condiciones higiénicas, de alimentación y de seguridad no son las mejores. "Duerme en el suelo, hacinada con 200 presas, sufre fuertes dolores en los huesos a causa de la humedad, por lo que ni siquiera puede abrocharse el sujetador. Solo comen arroz con comida, la carne hay que pagarla. Hace tres años, la última vez que la vi, estaba hinchada. Había perdido mucho pelo y dientes. Incluso los servicios médicos de la prisión han estado a punto de matarla, porque la traductora se equivocó y le dieron una medicación que no era. Quiere hacer un testamento porque cree que nunca regresará para ver a sus dos hijas y a su nieta", explica Mónica, que acaba de pedir ayuda al rey Felipe VI para que intente mediar ante el rey tailandés, el único capaz de otorgar un indulto a su madre.

El proceso para regresar a España y terminar de cumplir la condena en nuestro país es largo. Dos años de media, según el último informe de la Defensora del Pueblo. "Estamos hablando de un derecho de solicitud, no de un beneficio penitenciario", explica María José Moreno, de Movimiento por la Paz, organización que actualmente está ayudando a unos 400 presos. "Debe solicitarlo el recluso y cumplir ciertos requisitos: que su sentencia sea firme, no tener pendiente otros juicios por otros delitos, que parte de la condena se cumpla en el país que la ha impuesto, y en algunos casos que los condenados hayan pagado las multas que también conllevan sus penas de prisión, como por ejemplo exige Marruecos, Francia o Perú". Hay mucho trámite burocrático. El último concierne a Interpol, que debe ejecutar el traslado. "No es lo mismo estar preso en Portugal, que acelera muchos los trámites, que estar preso en un país africano o de Suramérica", concluye Moreno.

Exteriores "considera adecuados los servicios consulares" destinados a ayudar a los españoles presos. ¿Qué hacen las embajadas y las oficinas consulares? Asisten a los presos españoles en su solicitud de traslado a España y en su situación jurídica. También proporcionan asistencia no económica: visitas periódicas al reo, comunican su detención a los familiares en España, les dan medicinas, les entregan correspondencia, libros… y sobre todo vigilan que el preso tenga un trato adecuado y que su salud sea buena. Exteriores también otorga una ayuda económica de 120 euros mensuales como máximo. Sobre todo a aquellos que están presos "es cárceles que no reúnen unas condiciones mínimas, dinero que está destinado a la compra de alimentos, medicinas, productos de aseo...", explican desde Exteriores.

"Son los casos más extremos. Generalmente dan entre 40 y 60 euros al mes. Y no en todos los casos", señala María José Moreno. La Defensora del Pueblo denuncia que "no se entrega dicha ayuda a los presos que tienen recursos, o sus familias, o a los que cobran alguna pensión. España autoriza o no la ayuda económica en función del informe que todas las oficinas consulares elaboran a principios de año sobre la situación de los centros penitenciarios ubicados en su demarcación, teniendo en cuenta criterios de alimentación, sanidad y aseo. La ayuda no se entrega si las prisiones pertenecen a Estados con un nivel de desarrollo alto y proporcionan a sus presos una alimentación y atención sanitaria adecuadas".

En otros países con duras condiciones carcelarias, en especial con un alto nivel de violencia e inseguridad, la ayuda económica no suele mejorar estas condiciones sino que ponen en riesgo la integridad de los presos españoles al poder ser objeto de robos o extorsiones por parte de otros internos, por lo que la ayuda no se entrega en metálico y se intenta atender sus necesidades mediante ayudas en especie. Lo que sí es cierto es que Exteriores ha reducido la partida presupuestaria destinada a los presos en el extranjero: si en 2011 fue de 1.019.264 euros, bajó a 899.372 euros en 2012, y 711.395 euros en 2013.  No hay datos de 2014. ¿Por qué? Se ha reducido el número de españoles presos.

Por países, Perú lidera el ranking de países con más españoles presos, 324. Le siguen Francia (156), Colombia (138), Marruecos (124), Portugal (115), Alemania (104), Italia (98), Brasil (82) y Ecuador (78). Todos reconocen que con Perú hay un problema, porque aunque el consulado español intenta acelerar los trámites la burocracia peruana impide que el proceso de traslado se haga con normalidad. "Hay expedientes paralizados desde 2010", señala María José Moreno. La causa es sencilla, explica Exteriores, que reconoce que Perú demora la autorización del traslado cuando ya está autorizado a su vez por España.

El tratado firmado en 1986 entre Perú y España establece que "el traslado del reo puede ser rechazado si este no ha cumplido o garantizado el pago de las multas, gastos de la justicia, reparación civil o condenas pecuniarias que corran a su cargo según la sentencia". Si el preso no puede pagar, se puede declarar insolvente. Entonces se abre un nuevo procedimiento judicial en Perú para determinar la situación patrimonial del condenado y si puede o no hacer frente a lo que debe. Es decir, más retrasos. Javier Casado, de la Fundación +34, que ayuda a unos 700 presos en todo el mundo, explica además que el Gobierno peruano aprobó una ley que "cumplido un tercio de la condena, si has pagado la multa o te han exonerado de ella por insolvente, sales de la cárcel y te expulsan del país. Pero el billete de avión se lo debe pagar el preso. Como muchos no pueden pagarlo, están en un agujero. Ni son trasladados a España ni son expulsados". Casado asegura que la condena tipo para los españoles allí recluidos, la gran mayoría por tráfico de drogas, "es de 6 años y 8 meses de prisión más una multa de 10.000 soles, unos 3.000 euros".

Casado acaba de volver de Perú, donde ha ido con médicos voluntarios para atender a la colonia de presos españoles. "Hay unos 230 en el penal de Ancon II y más de 80 en el de Callao. Sin entrar en detalles, porque su expediente sanitario es confidencial, hay graves problemas de salud derivados de la falta de alimentación, como la tuberculosis. Hasta se comen los papeles de los polvorones que les llevamos. Callao es una prisión hacinada, duermen en el suelo, aquello es un mercadillo donde solo interesa sobrevivir, es una ciudad sin ley".

Hay muchos países con condiciones muy duras, sobre todo en África y Suramérica. "En Senegal hay 7 españoles con graves problemas de salud. Hay malaria. En Brasil, por ejemplo, las presas españolas usan los periódicos que las llevamos como compresas. Hay historias muy duras", denuncia Casado que critica "que nuestro trabajo lo debería hacer el Gobierno. Hemos visitado Gobiernos autonómicos para que también ayudan a sus paisanos presos y nos han cerrado las puertas. El último el de Madrid. Y eso que hay 240 madrileños presos por medio mundo. En los últimos cuatro años, 63 internos españoles han perdido la vida en prisiones extranjeras.

Otro problema se está viviendo en Ecuador. El Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Fundación Abogacía, ha pedido al Gobierno español más implicación para que los presos españoles en Perú y los que han sido trasladados a España para terminar de cumplir aquí sus condenas impuestas en Perú puedan disfrutar del nuevo Código Penal peruano, aprobado en agosto de 2014 y que redujo las penas para los condenados por ser correos de la droga, lo que se conoce como 'mulas'. "Es la misma reforma que se hizo en España, pero aquí se ejecutó de una manera más rápida. En Perú, en cambio, la burocracia es más compleja y lenta, lo que ha provocado que la mayoría de los presos españoles sigan recluidos en cárceles peruanos cuando con la reforma ya deberían estar en la calle", explica un portavoz del Consejo.

Lo mismo pasa con los presos españoles trasladados a nuestro país. "También deberían estar ya en la calle con esa reforma pero el Gobierno peruano no acaba de completar los trámites". La Fundación asesora a 29 de estos españoles que hoy están encarcelados en nuestro país. "Solo dos han conseguido la libertad definitiva y cuatro el tercer grado". El Consejo pone el ejemplo de un joven español de menos de 25 años que la semana pasada cumplió tres años de prisión. "Trasladado desde Perú está ahora en una cárcel gallega. La revisión de su pena la ha reducido a menos de un año. Debería estar ya libre, pero no puede porque Perú aun no la autoriza".

La Defensora del Pueblo, que ha analizado 224 expedientes de presos españoles recluidos en 27 países, ha detectado además un importante problema: qué ocurre con los presos españoles que salen en libertad tras cumplir su condena y no tienen recursos para volver a España y se quedan tirados en el país que les condenó. La institución solicita "la creación de servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en los consulados de Iberoamérica, que se mejoren los canales de comunicación entre los familiares y las autoridades consulares, y que se establezcan mecanismos de ayuda para estos españoles" que se han quedado tirados.

Gemma, barcelonesa, que en agosto cumple 50 años, es uno de esos casos. Fue detenida el 10 de diciembre de 2011 en el aeropuerto de Quito (Ecuador). En su estómago llevaba 60 cápsulas de cocaína líquida. "Me pillaron. Me delató mi nerviosismo. Necesitaba dinero fácil porque mis gastos eran superiores a mis ingresos. Tenía un conocido ecuatoriano en Barcelona que me convenció, que me dijo que era un viaje fácil, que él y su mujer ya lo habían hecho ya un par de veces sin problemas". Está libre desde hace un par de meses, pero no puede volver a España. No tiene dinero.

"El consulado español me dice que no me puede pagar el viaje, y la única solución es que me deporte el Gobierno ecuatoriano, pero los trámites burocráticos son muy complicados. Aquí se hace todo con plata. En España, mis padres solo tienen la pensión de mi padre, que sirve para que vivan ellos y cuiden a mi hija, que ahora tiene 15 años. Y solo tengo una hermana que trabaja ella con cuatro hijos. No me pueden ayudar". Gemma ha intentado trabajar en Guayaquil, donde está ahora. "No contratan a gente de 50 años como yo, y menos con antecedentes. Malvivo vendiendo ropa usada, para sacarme cinco dólares al día y poder comer". Afortunadamente una ecuatoriana que estuvo presa con ella le deja una habitación en su casa. "No pago alquiler. Menos mal. En la cárcel estábamos siete españolas, que nos ayudamos mucho. Y como en España trabajé de administrativa, me abrió las puertas para trabajar en la prisión. La directora del centro me ayudó también".

Ahora pide ayuda para recabar los 700 o 800 euros que puede costar el billete. "Estoy atrapada". Acaba de recuperarse de una grave enfermedad tropical, el dengue. "Poco a poco me estoy encontrando mejor. Me ayudó el abogado para pagarme las medicinas. Esto es duro, muy duro. Llevo cuatro años sin ver a mi hija".