El exdelegado de la Generalitat en Madrid José Ignacio Cuervo ha reconocido haber estafado al Instituto Catalán de la Salud (ICS) al cobrar dos veces por un mismo trabajo y ha aceptado una pena de diez meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación, en un acuerdo de conformidad alcanzado este lunes con la Fiscalía.

El juicio, organizado con tribunal de jurado popular debido al tipo de delito -estafa por funcionario-, estaba previsto que se celebrara este lunes en la Audiencia de Barcelona pero el acuerdo alcanzado ha evitado su celebración.

El pacto rebaja la pena para Cuervo de los tres años de cárcel que en principio pedía la Fiscalía a un año, con lo que previsiblemente no entrará en prisión al no tener antecedentes; además, se le ha aplicado el atenuante de reparación del daño por haber devuelto hace una semana los 47.072 euros estafados.

Cuervo prestó servicio a la Fundació Privada de Gestió Sanitària del Hospital de Sant Pau de Barcelona para el desarrollo del campus de excelencia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con la que formalizó un contrato laboral y, al mismo tiempo, mantuvo su condición de funcionario en activo del ICS y siguió percibiendo su nómina.

Para ello contó con el apoyo del entonces gerente de la Fundació Privada de Gestió Sanitària, Jordi Varela, quien, aunque se enfrentaba a dos años de cárcel, con el pacto se le impondrán nueve meses de cárcel que se sustituyen por una multa de 10.800 euros más nueve meses de inhabilitación.

Los dos habían planteado al entonces director del ICS, Jordi Agelagués, una posible adscripción temporal del primero a la fundación del Sant Pau, en unas conversaciones en las que le plantearon abiertamente que el exdelegado siguiera en activo en el ICS y percibieron su salario en este ente.

Cuervo, con el "decisivo apoyo" de Varela, según el fiscal, ocultó al exdirector del ICS el previo acuerdo alcanzado entre ambos por el que Cuervo cobraría también la fundación por los servicios en cuestión.

Según el fiscal, el exdelegado del Govern no deseaba perder el 'colchón' como funcionario público en activo, pero tampoco "perder el nivel de retribuciones del que gozaba en años anteriores".