Por irregularidad en la contratación de una persona a la que el Ayuntamiento pagó 100.000 euros en 4 años y no realizó la RPT

(Información ampliada con valoración de UPyD)

El Juzgado de Instrucción nº3 de Santander ha confirmado la imputación del alcalde de Astillero y candidato del PP a la reelección, Carlos Cortina, por un posible delito de prevaricación administrativa, al que añade otro de tráfico de influencias, por irregularidades en la contratación y pagos a la hermana de una trabajadora municipal, a la que se encargó la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT) y que también está imputada en la causa.

En un auto fechado el 20 de mayo y recogido por Europa Press, el magistrado Fernando Vegas rechaza la petición de sobreseimiento formulada por el alcalde, al entender que es "prematuro" habida cuenta de los "indicios de irregularidad" detectados.

En este sentido, el auto señala que "no consta cobertura legal" para la contratación de esta persona, a la que el Ayuntamiento ha estado abonando facturas durante "nada menos" que cuatro años por un importe de casi 100.000 euros, y ello pese a que la relación de puestos de trabajo para la que fue contratada "no se ha realizado".

El juez considera que el alcalde, que declaró como imputado a petición del fiscal el pasado 28 de abril, "era consciente" de que la contratación de esta persona "era superflua y, consiguientemente, indebidos los pagos de cantidades con cargo a las arcas municipales, favoreciendo así sin causa a dicha contratada", a la que también le ha sido desestimada su solicitud de sobreseimiento.

El magistrado entiende que el proceder de Cortina puede constituir delito de prevaricación administrativa al haber mantenido una contratación adjudicada de forma "arbitraria y con apariencia de ilegalidad y fraudulenta"; y de tráfico de influencias, "ya que influir en funcionario o autoridad para obtener una resolución que genere para sí mismo o para un allegado un puesto de trabajo bien retribuido encaja de lleno en el concepto de 'beneficio económico' o en el residual de 'cualquier otra remuneración'".

Por ello, el juez entiende que procede continuar el procedimiento y la práctica de diligencias, considerando pertinente la declaración como testigos de las tres personas que han ejercido como interventores del Ayuntamiento entre 2007 y 2010, solicitada por el fiscal. El magistrado sí acepta el archivo provisional de las actuaciones respecto a la hermana de la contratada.

El psoe pide la dimisión de cortina

El PSOE, que ejerce de acusación particular en este proceso judicial, ha exigido al alcalde que "asuma responsabilidades y que si le queda un mínimo de dignidad, presente de forma inminente su dimisión y renuncie a su candidatura".

"Astillero no se merece que el actual alcalde y candidato a las próximas elecciones municipales lleve sobre sus espaldas la imputación de dos delitos cuyas penas son la inhabilitación para cargo público, en el caso del primero, y prisión entre seis meses y dos años en el caso de tráfico de influencias", afirma el PSOE en un comunicado de prensa.

Los socialistas señalan que "han sido reiteradas las denuncias e irregularidades que, desde hace años, se producen en materia de contratación, y el oscurantismo y falta de transparencia de que hace gala el PP en esta materia, no facilitando en ningún caso información sobre las contrataciones que se llevan a cabo". "Ahora se podrá demostrar que además de irregulares, estas actuaciones eran ilegales, como ha venido manteniendo reiteradamente el PSOE", añade.

Para UPyD, una persona que está imputada no debería poder estar en las listas electorales y menos aún ser cabeza de las mismas y optar a la reelección. Por ello, pide también a Cortina su dimisión y que renuncie a su candidatura."Astillero se merece estar dirigido por una persona libre de sospecha y que sea merecedor de la confianza que los ciudadanos depositan en él", añade UPyD en un comunicado de prensa.