El informe 'La Justicia dato a dato' que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este viernes muestra que Asturias es la comunidad autónoma con una mayor tasa de litigiosidad -el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes- durante 2014 en la sección de lo civil, con una tasa del 47,9, y en la de lo social, con 15,5.

En las otras dos órdenes jurisdiccionales, penal y contencioso, la comunidad autónoma que lidera la tabla fue Andalucía. A nivel nacional, la tasa total (penal, contencioso, civil y social) aumentó el año pasado un 1 por ciento respecto a 2013, al pasar de 183,2 a 185. Asturias se sitúo por debajo de la media con una de 166,3 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes.

Andalucía (218,2), Madrid (203,8) e Illes Balears (198,5) son las Comunidades Autónomas con mayor tasa de litigiosidad, mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura (143,2), el País Vasco (127) y La Rioja (117,4).

Asuntos en trámite

El número de asuntos en trámite en los Juzgados y Tribunales españoles a final de 2014 se redujo en un 4,5 por ciento respecto al año anterior, al pasar de 2.680.933 a 2.562.153, según .

La reducción del número de asuntos pendientes se produjo pese al ligero incremento, del 0,2 por ciento, en la cifra de nuevos asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales, que pasaron de 8.636.016 en 2013 a 8.653.160 el año pasado.

Algo más de siete de cada diez nuevos asuntos -el 71,3 por ciento- correspondieron al orden penal, el 21,3 por ciento al civil, el 4,9 por ciento al social y el 2,4 por ciento al contencioso-administrativo.

El aumento del 0,2 por ciento el número de asuntos ingresados se tradujo, por otra parte, en que cada juez o magistrado recibió de media 1.702,7 nuevos asuntos durante 2014, frente a los 1.699,3 del año anterior. El número de sentencias dictadas por cada juez o magistrado bajó de 309,2 a 306,7.

El informe revela también que, en 2014, la duración media de los procedimientos judiciales disminuyó en primera instancia -un 4,4 por ciento-, en segunda instancia -un 10,7 por ciento- y en el Tribunal Supremo -un 2,2 por ciento-.

Así, la duración media de los procedimientos en primera instancia pasó de 3,9 meses a 3,7 meses; mientras que en segunda instancia bajó de 5,2 meses a 4,6 meses. En el Tribunal Supremo, los procedimientos duraron de media 11,1 meses, frente a 11,3 meses en 2013.

Por jurisdicciones, la duración de los procedimientos bajó en todas las instancias en los órdenes penal y contencioso-administrativo. En el orden civil disminuyó en primera y en segunda instancia, pero subió en el Tribunal Supremo; y en el orden social la duración se redujo en segunda instancia y aumentó en primera instancia y en el Tribunal Supremo.

Récord de consultas al tjue

Los órganos judiciales españoles plantearon en 2014 un total de 41 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La cifra supera en mucho las 26 registradas en 2013, las 16 de 2012, las 27 de 2011 y las 22 de 2010.

De esas 41 cuestiones prejudiciales, 17 estaban referidas a la protección de los consumidores; nueve a política social; cinco al espacio de libertad, seguridad y justicia; tres a ayudas del Estado; dos a asuntos de propiedad intelectual e industrial; dos a aproximación de las legislaciones; una a la libertad de establecimiento; otra a los mercados públicos y la última a la ciudadanía de la Unión.

Los órganos judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE cuando se suscitan dudas sobre la interpretación de una norma europea, como responsables de garantizar que el Derecho de la UE se aplique correctamente en su país.

QUEJAS

Además, el número de quejas, reclamaciones, denuncias, sugerencias y peticiones de información registradas en 2014 por escrito ante la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, otros órganos de gobierno o el Servicio de Inspección fue de 12.837, lo que supone un 16,16 por ciento menos que en 2013, cuando se recibieron 14.435.

De ellas, 10.288 se referían al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, mientras que otras 2.450 mostraban su disconformidad con alguna resolución judicial.

De las reclamaciones por el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, 4.632 estaban relacionadas con la lentitud en la tramitación de los procedimientos y otras 3.937 con la atención recibida.