El Consejo de Ministros aprobó en febrero la Ley de segunda oportunidad para evitar más desahucios, una ley que actualmente está tramitando el Congreso. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo entonces que se buscaba devolver a los españoles algunos de los esfuerzos de la crisis y ampliar la mejoría económica a los sectores más vulnerables. Y sin embargo el resultado puede ser más bien el contrario.

Así al menos lo asegura Facua-Consumidores en Acción, que considera que la Ley de segunda oportunidad "impone unas condiciones que, comparadas con las de las normas que existían con anterioridad, son aún más difíciles de cumplir" y dificultad el acceso a la reestructuración hipotecaria. Según la asociación, la nueva ley cambia los requisitos que se exigen para poder reestructurar la deuda hipotecaria y modifica el baremo referido al precio de adquisición de la vivienda.

En la práctica este cambio supone que haya menos viviendas que puedan acceder a las medidas propuestas por el Gobierno "supuestamente para ayudar a las familias en peligro de perder su vivienda por la deuda hipotecaria porque usando los nuevos criterios, las viviendas más pequeñas quedan fuera", denuncia.

Para acceder a las medidas de reestructuración de deuda, el artículo 5 de la nueva ley remite al índice de precios de la vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del inmueble, un indicador elaborado por provincias, sin distinguir por municipios. Esto hace que se igualen precios de municipios con una gran variación de precios y, en consecuencia, "se perjudique a las viviendas de menor valor", advierte Facua, que considera que un indicador así resulta demasiado genérico.

Además, censura que el nuevo tope de precios establecido no considera que la mayor parte de las hipotecas que podrían acogerse a la medida fueron firmadas en pleno proceso de burbuja inmobiliaria, en un momento en el que los precios eran establecidos por un mercado controlado por la banca y resultaban muy elevados.

Según Facua, si se trata de ayudar a las familias más vulnerables, la nueva norma debería contar entre sus criterios con el número de personas que habitan la vivienda, algo que recogía la ley anterior y que la nueva no contempla. Igualmente, se ponen "trabas" a la eliminación de la cláusula suelo y sólo la contempla para las personas que se encuentren en el umbral de exclusión, critica.