El defensor del Menor anuncia un protocolo que evite situaciones incómodas a los niños en los juicios

El protocolo que evite situaciones "contrarias al interés general del menor", como la que se ha producido en Cataluña, donde un magistrado ha llamado a declarar a cuatro niñas víctimas de violencia sexual delante de su presunto agresor, aunque "sin afectar para nada la independencia de los jueces", recalcó.

"Tenemos que establecer en ese protocolo, todas aquellas pautas que humanicen desde el punto de vista de los menores su paso por el procedimiento judicial, preservando el derecho a la defensa y lo que es el interés superior del menor".

Como ejemplo, indicó que se podría reducir el número de declaraciones, o que en ellas hubiera además un psicólogo infantil para traducir a términos comprensibles por los menores las preguntas de los abogados o que en esas declaraciones no tuvieran que cumplir esos requisitos "que distancian al menor", eliminando "las propias togas".

"O, como en el caso que nos ocupa -dijo- donde siempre se debe evitar la presencia del agredido ante el supuesto agresor", incluso no sólo con un biombo, ya que cualquier sonido por parte de éste "puede confundir o afectar a la propia estabilidad del testigo".

Para impulsar este protocolo, Morgades explicó que hoy mismo ha mantenido una conversación con dos vocales del Consejo General del Poder Judicial expertos en temas de menores, Fernando Fernández y Félix Pantoja.

CiU pide una reforma de la ley

El grupo de CiU en el Congreso ha presentado una propuesta para modificar el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de que los menores estén protegidos cuando declaren como testigos ante los jueces y tribunales.

En opinión de la diputada de CiU Mercé Pigem, resulta "paradójico" que "cuando los menores delinquen se les dé un tratamiento diferenciado y que, por el contrario, se les trate como adultos cuando son víctimas".

 Según la diputada Mercé Pigem, que es la autora de la proposición de ley en la que se propone la modificación del citado artículo, "el respeto al principio de inocencia no puede justificar en ningún caso que no se aseguren los derechos de los menores" por lo que "entendemos que la mejor solución es elevar a rango de ley lo que los expertos ya valoraron cuando se elaboró el protocolo".