Solo el 10% de las viviendas para uso turístico que hay en la región han llegado a legalizarse casi un año después de que la Comunidad de Madrid aprobara un decreto que regulaba el funcionamiento de los cerca de 8.000 pisos de este tipo que hay en toda la región.

De estas 8.000 viviendas, solo 840 se han llegado regularizar, según consta en los último datos oficiales proporcionados por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM): "No es solo que la mayoría de estos establecimientos sigan ejerciendo de forma ilegal. Es que, también, muchos de los que operan con licencia incumplen la normativa",  asegura Antonio Gil, presidente de AEHM.

De hecho, desde que se cumplió el periodo de gracia para que regularizaran su situación, el pasado enero, los hoteleros han presentado más de 300 denuncias contra este tipo de negocios.

Además, la falta de control de estos apartamentos ha generado no pocas molestias en numerosas comunidades de vecinos, ya sea por problemas de ruido o de seguridad. De hecho, en la actualidad, en algunos bloques del centro, el número de viviendas de este tipo ya supera al de pisos que se utilizan como residencia habitual, según distintas asociaciones de vecinos.

"Cerca de Malasaña tenemos un edificio en el que la mayoría de las viviendas fueron alquiladas a una agencia rusa que opera por su cuenta, sin haberse dado de alta. Las quejas por las fiestas que organizan son constantes", explica una residente a 20minutos.

El barrio más afectado por estos alquileres. El presidente de la asociación de vecinos de la zona, Esteban Benito, conoce bastantes casos: "Alquilan cuchitriles a turistas que vienen a morir por España... es decir, a emborracharse y de fiesta. Las peleas y los trapicheos de drogas son muy habituales también", asegura.

"Cerca del 50% de las consultas que recibimos en la actualidad son por casos así. Las quejas vienen también por el uso de servicios comunitarios (piscina, gimnasio...) por personas que no pertenecen a la comunidad de vecinos", asegura el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), Pedro Ureta.

"No son solo los problemas de convivencia que esta situación puede llegar a acarrear. Eso depende de civismo de los ciudadanos. Es que el seguro del edificio también se puede encarecer en el momento en el que se registran apartamentos turísticos", aclara Ureta.

Con todo, los administradores de fincas dudan de la capacidad de la administración para inspeccionar y sancionar a los titulares. "Es muy difícil constatar que los propietarios no cumplen los requisitos establecidos y tampoco la comunidad puede convertirse en un detective", concluyen desde CAFMadrid.

El decreto aprobado por la Comunidad de Madrid trataba de cubrir un vacío legal causado por la derogación de la normativa sobre viviendas turísticas vacacionales del Gobierno de España, que posteriormente transfirió esta competencia a las comunidades autónomas.

Nada más aprobarse el decreto, los propietarios de este tipo de negocios protestaron porque la nueva ley era, según ellos, una prohibición "encubierta" de las viviendas para uso turístico. La clave estaba en el límite temporal, ya que la normativa  impedía el alquiler por un periodo menor de cinco días. "La media de tiempo de alquiler en este tipo de apartamentos es de 3,2 días", explica Andrés Medina, vicepresidente de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de Madrid (Aptur-Madrid).

"Con esta ley lo único que han conseguido es fomentar el mercado negro. Ahora lo que tenemos es un panorama con muchísimas personas que alquilan su piso sin tributar nada a Hacienda. Sin facturas, sin IVA y pagando en negro a los empleados de limpieza", continúa Medina. "Nosotros en principio también éramos partidarios de la regulación, ya que nos permitía tributar a un tipo menor. Pero esta ley es fruto de las presiones de la patronal hotelera, que quieren librarse de la competencia", apostilla.

"Si hubieran hecho como en otras ciudades de Europa y hubieran permitido rentar por menos días, la cifra de alquileres legalizados sería ahora mucho mayor. La cifra habría subido hasta el 25%, por lo menos. Nada más aprobarse el decreto, muchas personas acudieron a nuestras oficinas interesadas en regularizarse, pero luego vieron que no les salía rentable", asegura Medina.

No solo eso. La ley establecía, además, muchas otras limitaciones, como la obligación de que el inmueble a alquilar no fuera vivienda habitual o prohibir el alquiler de habitaciones sueltas. Sin embargo, desde la patronal hotelera justificaban este tipo de limitaciones en que las viviendas para uso turístico no podían equipararse a los hoteles, y que hacerlo sería "competencia desleal".

"A nosotros nos imponen cumplir con una gran cantidad de normas en materia de seguridad y accesibilidad que nos suponen un gran desembolso y que las viviendas de uso turístico no cumplen. Por ejemplo, en cuanto a normas de evacuación en caso de incendio o para la política de reclamaciones. Desregular en este caso tampoco era la solución, ya que son exigencias necesarias para la seguridad física y jurídica de nuestros huéspedes", asegura Antonio Gil.

En otras grandes ciudades este tipo de actividad sí que está legalizada. Los ayuntamientos que han optado por dar vía libre al llamado 'home sharing' argumentan que este tipo de alquileres fomentan el turismo y la actividad económica, ya que los ciudadanos sacan un extra de su casa y los turistas pueden alojarse a un precio muy inferior al que ofrecen los hoteles.

En EE UU algunos ejemplos son San Francisco, Chicago, Washington o Portland. En Europa no es algo tan extendido, pero en Francia, por ejemplo, cualquiera puede alquilar su casa sin tener que pedir un permiso específico al ayuntamiento o autoridad local, siempre y cuando esa sea su primera residencia (vivienda habitual). En la misma ley también se permite el alquiler por estancias cortas en las segunda residencias, aunque deja a las ciudades el criterio para imponer requisitos adicionales.

En Ámsterdam también está permitido. Incluso, a finales de 2014, se llegó a un acuerdo con las plataformas y empresas que ofrecen este tipo de alojamientos para promover el intercambio responsable de vivienda y simplificar el pago del impuesto de turismo en la ciudad.

Londres es otra ciudad donde también se permite este tipo de alojamientos. De hecho, desde el pasado febrero se aprobó una nueva ley sobre economia colaborativa que permite a cualquier residente alquilar su vivienda habitual por un máximo de 90 días al año.

Sin embargo, otras grandes urbes, como Nueva York, tienen una ley todavía más restrictiva que la madrileña. En la Gran Manzana se impide el alquiler de pisos por un periodo inferior a los 30 días (el mismo periodo que solició la patronal hotelera madrileña mientras la Comunidad tramitaba su decreto ley).

En Barcelona también han declarado la guerra a este tipo de pisos, sobre todo en el barrio de la Barceloneta, donde los vecinos llegaron incluso a salir a la calle para protestar contra las molestias que ocasiona el turismo 'low cost'. Esta revuelta vecinal obligó al alcalde, Xavier Trías (CiU), a cerrar 24 apartamentos turísticos del barrio como medida de urgencia.

No solo eso, el Ayuntamiento la Ciudad Condal multó con 30.000 euros a Airbnb, una plataforma online que conecta a los viajeros con las personas que quieren compartir sus hogares. Solo en Madrid la web cuenta con 6.600 anuncios, y el número va a más.

Desde Airbnb se asegura que al anunciarse los anfitriones deben comprometerse a pagar todos los impuestos locales. El IVA se paga a través de la propia plataforma, cuya sede europea se ubica en Dublín, con un tipo impositivo del 23%, según especifica la propia compañía.

Sin embargo, basta un simple vistazo a la web para comprobar como la mayoría de los anfitriones que se anuncian en esta web se saltan toda la normativa de la Comunidad. La mayoría se alquila por menos de cinco días al año y mucha ofrecen habitaciones y estudios para compartir.

Airbnb es, junto con Uber, uno de los principales exponentes de la llamada 'economía colaborativa', y ambas empresas han provocado no pocas protestas entre diversos colectivos de la economía tradicional, como los hoteles o los taxis.

Airbnb también se ha mostrado en contra de la ley madrileña sobre alquileres turísticos: "La normativa afectará a los visitantes que quieran pasar más tiempo y gastar más dinero en Madrid. La economía colaborativa debe estar regulada de manera que se adapte a sus principales protagonistas: los ciudadanos particulares, y no se puede tratar igual a un particular que a una gran empresa", asegura Andreu Castellano, PR Manager de Airbnb en España y Portugal.

Es más, pese a las presiones y prohibiciones sufridas en Madrid y Barcelona, Castellano asegura que "en ningún momento" han pensado en marcharse de España: "La economía compartida ha venido para quedarse, y nosotros también".

El alquiler turístico también ha beneficiado, de forma directa, a muchas webs de viajes e inmobiliarias. Ricardo Fernández, Chief Legal Officer de Destinia.com, afirma que el fenómeno es imparable: "Según Frontur, el número de turistas que optaron por esta forma de alquiler en España creció un 14,5%, frente a la subida del 2% de los que optaron por el hotel".

En estas elecciones, solo Ahora Madrid se ha mostrado a favor de eliminar barreras y dejar paso a la economía colaborativa. PP y PSOE, por su parte, se han mostrado en contra. Esperanza Aguirre, por ejemplo, pese a presumir de política liberal y estar a favor de desregular, no cree que haya que permitir que Airbnb o Uber operen en Madrid ya que son "competencia desleal".

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no comparte la misma opinión que socialistas y populares. El pasado marzo recurrió el decreto de la Comunidad de Madrid que regula las viviendas de uso turístico, ya que, según la comisión, la prohibición de contratar por un periodo inferior a cinco días "restringe la capacidad de elección del consumidor" y "eleva los costes de los operadores".