La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha remitido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un escrito de alegaciones al borrador de proyecto de decreto que regulará las pruebas de evaluación final previstas en Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para evitar "manipulaciones, toda vez que muestran su "preocupación" por que "finalmente dichas pruebas no sirvan al objetivo con que originalmente fueron concebidas".

Si bien, según ha precisado la asociación en una nota, en el documento avanzado por el Ministerio se aclara que esta institución se encargará de fijar las fechas, características y condiciones de aplicación y corrección de la evaluación, aplicables a todo el sistema educativo español, "no se nos oculta la abierta rebeldía con que vienen manifestándose reiteradamente respecto de dichas pruebas responsables educativos de algunas comunidades autónomas, entre ellas el mismísimo consejero de Educación de la Junta de Andalucía".

"Como tampoco —añaden— debe resultarnos intrascendente la experiencia acumulada en relación a las tan fallidas como controvertidas Pruebas de Diagnóstico, que, convenientemente procesadas, únicamente han servido para perpetuar uno de los peores sistemas educativos del mundo".

Recuerdan al hilo el "esperpento" protagonizado por la Consejería en relación a las Pruebas de Diagnóstico desarrolladas en la comunidad autónoma andaluza después de que se filtraran previamente a su realización, "sin que ello tuviera la más mínima consecuencia ni afectara a las conclusiones finalmente obtenidas".

Por ello, APIA propone garantizar la utilización de un procedimiento completamente aleatorio para elegir al profesorado externo encargado de la aplicación y corrección de las pruebas, definiéndose con claridad su condición de funcionario de la enseñanza pública.

También reclaman que se haga explícito pronunciamiento del carácter público de los resultados, más allá de los reducidos límites de la comunidad educativa, "de manera que pueda garantizarse la prestación del servicio público en condiciones homogéneas en todo el territorio nacional y se respete, con ello, el principio constitucional de igualdad de oportunidades".

Por último, piden que se constituya un órgano permanente, dentro de la Alta Inspección del Estado, encargado de velar en todo momento por el "escrupuloso" respeto, por parte de las administraciones educativas, de las fechas, características, condiciones de aplicación y corrección de las evaluaciones finales reguladas en el decreto.