La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes fianzas de responsabilidad civil de hasta 973.000 euros para algunos de los siete imputados que han comparecido ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La ronda de comparecencias se inició este lunes con los primeros cinco imputados —habían sido citados siete, pero uno ha fallecido y otro se encuentra enfermo—, entre ellos el exalcalde socialista de Guadalcanal (Sevilla) y presidente de la cooperativa Almazara de Guadalcanal Carmelo Montero Cabezas, para quien la Fiscalía pidió una fianza de responsabilidad civil de 1,3 millones de euros.

En la jornada de este martes, ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya Antonio Bermejo García, administrador único de 'Pema, Jamones y Embutidos', empresa dedicada a la elaboración de productos cárnicos en Las Navas de la Concepción que obtuvo del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero una resolución de ayuda de fecha 4 de diciembre de 2002 por importe de 700.000 euros, realizándose los pagos entre el 26 de noviembre de 2003 y el 30 de marzo de 2006.

Una vez ha finalizado la comparecencia, el Ministerio Público ha pedido que se le imponga una fianza civil de 700.000 euros, correspondiente al valor de la ayuda, más el tercio legal previsto, solicitud a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.

También ha comparecido ante Alaya Benito Miguel Oliver Oliva, de la empresa Tialna —fábrica de embutidos y secadero de jamones en Las Navas de la Concepción—, quien obtuvo una ayuda de 730.000 euros concedida "sin la menor solicitud y sin aportar documentación justificativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

Para este imputado, Anticorrupción ha pedido una fianza civil de 730.000 euros —correspondiente al valor de la ayuda—, más el tercio legal previsto, solicitud a la que también se ha adherido la Junta de Andalucía.

La juez también ha citado este martes a Fernando Miguel Cornello Palacios y a Juan Luis Mariscal Araujo, presidente y director general de Corsevilla —empresa ganadera de Cazalla de la Sierra—, respectivamente, que obtuvieron una ayuda de un millón de euros "sin que conste solicitud, ni documentación justificativa del proyecto subvencionable, ni de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

Billetes de avión para guerrero

Por último, ha citado a Juan Martínez Sevilla, Lucía Piñero Marrón y Julia Piñero Marrón, copropietarios del Hotel La Posada del Moro y la última concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, que consiguieron hasta tres ayudas, la primera de ellas en 2003 por un valor de 450.759 euros sin que tampoco existiera solicitud formal ni documentación justificativa del proyecto subvencionable, mientras que no estaban al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Asimismo, el 17 de octubre de 2006 les sería concedida una segunda ayuda por importe de 450.000 euros, "no llegándose a suscribir Convenio para su pago", y una tercera ayuda en 2009, en la que destaca que "en la documentación de la Dirección General de Trabajo figura una anotación en la que reza al margen 'Viera', como si su concesión hubiese sido a instancias del mismo".

Respecto de las ayudas de 2003 y 2006, la juez asevera que Lucía y Juan regalaron a Guerrero y a su mujer los pasajes de avión a Menorca y se alojaron en casa de un familiar de los primeros.