Un ejemplo que cita la Policía se localiza en la calle Banys Vells, en el barrio Gótico, donde un par de pisos vacíos de un edificio, propiedad de la misma persona y con una decena de arrendatarios|inquilinos, fueron ocupados por un grupo de traficantes de drogas. Una situación que provocó la devaluación de los alquileres y la huida de la práctica totalidad de los vecinos.

El propietario, cansado de la lentitud de los procesos judiciales, optó "por|para pagar entre 3.000 y 6.000 euros a una cuadrilla de requesones". En una acción que "no fue más allá de una semana", consiguió hacer marcharse a los ocupantes de sus pisos.

Les mismas fuentes policiales amplían datos y afirman que esta práctica no es sólo exclusiva de clanes familiares dedicados a vigilar obras.

Mencionan que algunos trabajadores del sector de la seguridad privada, a título particular y para obtener un sobresueldo, "actúan después de su jornada laboral" en acciones de este tipus.

La suya preparación, según la Policía, los permite "atemorizar a los arrendatarios|inquilinos" para que acaben abandonando los inmuebles, una práctica que ya ha sido denunciada en casos de mobbing inmobiliario: ejercer presión ilícita, y en muchos casos violenta, sobre los residentes para instarlos a abandonar la vivenda.

Justícia demasiada lenta

El presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Lluís Miquel Pahissa, rechaza esta práctica y, como entidad, amenaza de denunciar a quién la practique. Sin embargo, como propietarios de viviendas en alquiler, lamenta que la justicia "sea tan lenta, se tardan entre ocho meses y un año" a poder sacar adelante el desahucio de un arrendatario|inquilino. Pahissa compara el impago de un alquiler a "un robo", ya que, "se ocupa una vivienda y no se paga". Por eso, la justicia tendría que ser más rápida y eficaz.