El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra cinco aforados nacionales —entre ellos los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán— por los ERE fraudulentos en Andalucía se posiciona de forma muy clara durante los interrogatorios con las tesis de la instructora del caso en Sevilla, Mercedes Alaya, que considera que hubo un plan para poner en marcha un sistema que eludiera los controles en la concesión de estas ayudas socio-laborales.

Así se desprende de la transcripción de las declaraciones de Chaves y del que fuera consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que se celebraron los pasados 14 y 16 de abril y a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que el magistrado les dice que se les imputa "haber utilizado un sistema que ni permite el control previo a través de una fiscalización por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía" con el fin de "poder solventar las objeciones" que dicho órgano de fiscalización planteaba.

En la toma de declaración a Zarrías, por ejemplo, el magistrado le señala: "Acudieron ustedes a un sistema que permitía sortear u obviar ese tipo de fiscalizaciones, por un lado, y al no tener que pasar por el circuito de control previo entonces se agilizaron más las ayudas ante un momento de crisis económica. ¿Usted que tiene que decir a ésto?"

A este respecto, Zarrías señaló que en ningún momento nadie le comunicó que el procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento era un procedimiento que vulneraba el derecho.

"Nadie en ningún momento, ni el Gabinete Jurídico ni por supuesto conoció en ningún informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía. En ningún momento", señaló el exconsejero al magistrado.

CHAVES

En el caso de Chaves, en un momento del interrogatorio al expresidente, y después de que éste declarase que no conocía el Convenio Marco de 2001 que amparó todo el sistema de ayudas, el instructor mantiene que le causa "extrañeza" que con la actividad política que tenía y las peticiones que recibía nunca se hubiera preguntado cómo se estaban concediendo las ayudas.

También se refiere a este convenio marco el magistrado durante el interrogatorio a Zarrías para manifestar que este documento "parece ser que pretendía sustituir todo lo que es una concisa regulación jurídica de los requisitos para dar una ayuda".