El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros los proyectos de ley del Sector Ferroviario y de Carreteras y los reales decretos de sequía de las cuencas del Júcar y del Segura. También ha analizado el informe trimestral sobre la reforma de las administraciones.

Según el anteproyecto que el Consejo de Ministros analizó el 17 de abril, la nueva Ley de Carreteras incrementa hasta un máximo de 15.000 euros el régimen sancionador en las autopistas de peaje ante incumplimientos del concesionario y suspende cautelarmente las recalificaciones urbanísticas que afecten a la planificación viaria.

Con esta medida, el Ejectuvio quiere impedir que se repita el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción.

El proyecto de ley del sector ferroviario cuenta por su parte con mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema y abrir el mercado a operadores privados desde un planteamiento progresivo y programado.

La ley, que actualiza la de 2003, establece un nuevo sistema que supondrá la supresión del canon anual de acceso a la red y la bonificación de la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

El objetivo de los reales decretos de sequía es paliar el problema de déficit hídrico que afecta a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia. En el caso del Segura, recoge un catálogo de medidas a tomar para garantizar el suministro de agua a todos los usuarios de esta cuenca y llevará aparejados 30 millones de euros en infraestructuras para Murcia.

Por último, el Consejo de Ministros ha visto el último informe trimestral sobre la aplicación de las medidas que propuso la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA).

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que con la reforma se han ahorrado hasta el momento 20.200 millones de euros, se han suprimido 2.194 (105 del Estado, 715 de las CC AA y 1.374 de corporaciones locales) empresas y organismos públicos y se han ejecutado más del 70% de las medidas, 156 de 222.

Sáenz de Sanamaría ha asegurado también que la reforma ha generado un ahorro de 454 millones de euros "solo centralizando contratos" y que ya se han gestionado un total de 900.000 facturas electrónicas desde la implantación de esta medida.