El candidato de UPyD a las Cortes por Segovia, Félix Sánchez Montesinos, asegura que el contrato de arrendamiento de la nueva sede del Servicio Público de Empleo en Segovia, ubicada en Vía Roma, se ha realizado sin respetar la Ley del Patrimonio de Castilla y León, que impone el concurso público como forma de concertación de los arrendamientos por parte de la Administración.

El expediente, al que ha tenido acceso la formación magenta, según indican fuentes de la misma, explica que se ha adjudicado de forma directa un contrato de arrendamiento por 45.600 euros anuales prorrogable hasta 20 años, a los que hay que sumar el coste de la obras de acondicionamiento, que ya alcanzan los 600.000 euros.

"Tanto la ley del autonómica como la estatal disponen que los arrendamientos se concertarán mediante concurso público y esto no ha hecho así. Es claro que este arrendamiento solo favorece a una de las partes", declara Sánchez Montesinos.

El candidato a las Cortes también advierte de la contradicción que supone que, pese al coste y el gasto, la actual sede de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo continuará en la calle Vallejo. "¿Cómo se explica esto?", se pregunta.

Al mismo tiempo, indica que el expediente tampoco cuenta con un estudio de mercado serio sobre el arrendamiento de la zona donde se ubica la oficina, ni de ninguna otra que explique la causa del traslado de la sede de Empleo a un local de una empresa administrada por el padre del procurador del PP Daniel Sobrados.

Para UPyD, las cifras del supuesto ahorro no concuerdan, ya que en el informe no se incluye el coste de las obras de acondicionamiento, "que quedan definitivamente en beneficio del arrendador"; el coste de la rescisión o la cancelación de los contratos de arrendamiento aún vigentes, o el coste de los alquileres que hay que mantener vivos, ya que el uso de los nuevos locales sólo se proyectan para 53 puestos de trabajo.

Sánchez Montesinos destaca por otra parte que la propia Intervención General emitió una nota de reparo a la contratación porque no se justificaba la urgente necesidad planteada por la Gerencia de Empleo, ya que el expediente se inició en octubre de 2013 y hasta abril de 2014 no llegó a los servicios centrales.

"Es más, en la actualidad el local sigue sin estar terminado, los trabajadores están en las mismas condiciones lamentables de seguridad y se está pagando un alquiler a cambio de nada", agrega.