Facua-A ha reclamado este martes a la Junta que "deje de contratar" con empresas multadas por fraudes graves a los consumidores y les anule las subvenciones públicas.

En una nota, la organización de consumidores ha detallado que se trata de una medida prevista en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía que "no se ha desarrollado en ninguna de las cuatro legislaturas durante las que ha estado vigente la misma".

En detalle, Facua-A ha señalado que el artículo 92 de la ley andaluza de protección de los consumidores establece en su apartado 2 que la imposición de las sanciones previstas en ella "comportará limitaciones para contratar con la Administración en los casos y condiciones que establezca la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas". Sin embargo, los sucesivos gobiernos no han definido estas condiciones en la normativa sobre contratación pública.

Además, la norma continúa indicando que "con independencia de las sanciones impuestas, el titular de la Consejería con competencias en materia de consumo podrá proponer al Consejo de Gobierno, para las infracciones muy graves, la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de cualesquiera ayudas públicas que tuviese reconocidas o hubiese solicitado el responsable".

"Es una burla a los consumidores que las empresas que les defraudan sistemáticamente sean proveedores de la Junta e incluso se beneficien de subvenciones pagadas con el dinero de todos los andaluces", critica la presidenta de Facua-A, Olga Ruiz.

Ruiz reclama al Gobierno andaluz que "desarrolle y aplique de una vez por todas una medida aprobada hace más de una década encaminada a que el dinero público destinado a contrataciones y subvenciones no caiga en manos de empresas multadas en firme por infracciones de gravedad que atenten contra los derechos de los consumidores".

Esta reivindicación es una de las 60 propuestas de Facua-A sobre políticas de defensa de los consumidores, que la federación remitió a los partidos políticos durante la campaña electoral. "La lucha contra el fraude para proteger los intereses de los consumidores y los de las empresas que sufren competencia desleal debe ser una prioridad de cualquier Gobierno", señala Ruiz.

Facua-A también reclama, entre otras medidas, la creación de una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores con presupuesto propio y recursos suficientes para luchar eficazmente contra el fraude.

Así, la federación exige la aplicación de multas "ejemplarizantes" ante los fraudes masivos, "algo inédito en Andalucía", y un cambio legal para que los usuarios que sufren abusos puedan reclamar indemnizaciones. Esta última, según ha detallado, es una medida que estaba preparando la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales antes de la ruptura del pacto de Gobierno y que "ha quedado paralizada".

Facua-A ha advertido de que, durante esta crisis económica, "los abusos contra los consumidores se están produciendo con mayor virulencia que nunca y las empresas que cometen fraudes masivos no están siendo objeto de las sanciones que merecen". "La Junta de Andalucía adolece de una alarmante ausencia de mecanismos eficaces y transparentes para controlar el mercado", ha criticado Facua-A.