El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha criticado este martes la futura Ley de Vivienda —respaldada por PSE-EE, EH Bildu y UPyD— que garantizará el acceso a la vivienda, como un derecho exigible ante los tribunales de justicia, lo que, a juicio del Ejecutivo vasco, provocará un "efecto llamada masivo" al poder acogerse a este derecho "personas de cualquier lugar del mundo", y ha advertido de que no es económicamente "soportable".

Erkoreka ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha valorado el contenido de la futura Ley de Vivienda que el Parlamento vasco aprobará en los próximos que garantizará el acceso a la vivienda, como un derecho exigible ante los tribunales de justicia, a las personas con escasos ingresos que no puedan disponer de un piso en el mercado libre.

La Ley, que penalizará con un canon y establecerá el alquiler forzoso para pisos vacíos, está previsto que salga adelante con el apoyo del PSE, EH Bildu y UPyD, que harán valer sus 38 escaños frente a los 37 que suman el PNV y el PP, partidos que rechazan el texto.

El portavoz del Gobierno ha explicado que esta cuestión estaba siendo abordada en conversaciones que PNV y PSE estaban manteniendo, teniendo en cuenta las estimaciones económicas del Gobierno vasco sobre el impacto económico que el nuevo texto legislativo podría tener en los presupuestos vascos.

Por ello, ha criticado que los socialistas hayan preferido consensuar el texto con otras formaciones políticas — EH Bildu y UPyD— "echando por tierra todas las estimaciones económicas", ya que el Ejecutivo calculó que el texto presentado por los socialistas tendría impacto de 715 millones de euros en los próximos diez años algo que considera que "no es soportable" y lamenta que esta previsión se "dispara sin límite" porque el texto final ha "flexibilizado las condiciones para ejercer este derecho".

"Se han abierto las condiciones hasta tal extremo que las previsiones resultan imposibles", ha indicado antes de explicar que va a ser necesario realizar un estudio más riguroso.

No obstante, ha defendido que "no se trata de una cuestión de sensibilidad social", porque el Gobierno tiene una política social "avanzada, progresista, sin parangón entre las Administraciones públicas del entorno" y que "supone el 40 por ciento del total del gasto público que se lleva a cabo en el conjunto del Estado".

En este sentido, ha subrayado el "compromiso" del Ejecutivo de Urkullu con las políticas de vivienda recordando que en este momento hay 30.000 familias que se benefician de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). "No es un problema de compromiso con las políticas sociales de vivienda sino de rigor en la gestión de las Cuentas Públicas y de actuación de los Poderes Públicos", ha señalado.

Por otro lado, ha asegurado que la nueva norma va a "perjudicar" a los vascos que cuentan con una segunda residencia en Euskadi en favor de quienes cuentan con una segunda residencia fuera de la comunidad autónoma, porque "solo podría aplicarse la ley a las viviendas ubicadas en el País vasco".

También ha alertado de que la ley podría suponer el fin del alquiler de la vivienda privada en Euskadi. "Hay aspectos controvertidos de carácter técnico-jurídico que desaconsejan tener en consideración esta iniciativa legislativa tal y como está en este momento", ha reiterado.

"efecto llamada"

Para Erkoreka, si la ley se aplica con arreglo al último texto, "podríamos encontrarnos con que dentro de unos años, cualquier persona, procedente de cualquier lugar del mundo, por el hecho de empadronarse en Euskadi, inmediatamente sería titular del derecho subjetivo a una vivienda".

Tras recordar que este derecho "no existe en nuestro entorno", ha advertido de que se podría "generar un flujo y efecto llamada masivo" de forma que la gente se ubicaría en Euskadi por existir "el derecho subjetivo al disfrute de una vivienda, garantizado por los poderes públicos, que puede hacerse efectivo por los tribunales y desde el primer día de empadronamiento".

El consejero ha recordado que en la actualidad, el Gobierno vasco cuenta con una política de vivienda con la que destina el 65 por ciento de los recursos a viviendas sociales, el 20 por ciento a la rehabilitación y el 15 por ciento a construcción o compra de suelos. "Un compromiso económico de este tipo significaría desbaratar esta heterogeneidad de políticas, y obligaría a destinar todos los recursos al alquiler", ha advertido.

El portavoz del Gobierno vasco ha pedido a los grupos parlamentarios que actúen "con responsabilidad" y "aparquen" esta proposición de ley para "estudiarla" tras las elecciones, con el objetivo de que la "presión electoral no condicione la posición de los grupos" y se pueda abordar "con rigor, seriedad y contraste" una política que va a ser "tan importante para el futuro". "Debe contar con el máximo consenso político e institucional posible y no con una mayoría parcial parlamentaria", ha concluido.