El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que Navarra "ha sabido hacer de la foralidad una garantía compatible con las ideas de solidaridad y progreso" y ha añadido que Navarra "ha sabido identificar muy bien la capacidad de autogobierno en el contexto de la Constitución".

Rafael Catalá ha apuntado que las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo van a deparar un resultado de "diversidad política" y ante ese escenario ha defendido que "hay que poner en valor a los partidos que han trabajado por el modelo constitucional, a los partidos que han trabajado por el desarrollo de nuestro país".

Así lo ha manifestado el ministro en Pamplona -en el Foro Ser Navarra-, en un acto en el que han estado presentes la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, el presidente del Parlamento foral, Alberto Catalán, la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, y el expresidente del Ejecutivo foral Miguel Sanz.

También han asistido al foro la secretaria general del PSN, María Chivite, el miembro de Geroa Bai Manu Ayerdi, la candidata del PPN a la Presidencia de Navarra, Ana Beltrán, y el secretario general de UGT en la Comunidad foral, Javier Lecumberri.

Durante su intervención, el ministro de Justicia ha señalado que España viene de "una etapa bien difícil, en la que había momentos que estaba tan oscuro que parecía que no iba a escampar nunca", pero ha señalado que después de un periodo de "reformas difíciles, en el momento actual podemos hacer un balance razonablemente satisfactorio de dónde estamos". "Crecemos al 0,9 por ciento en el último trimestre, estamos creando empleo, el consumo se está recuperando", ha defendido.

Además, el ministro de Justicia ha afirmado que en la aplicación de estas reformas el Gobierno "no ha perdido de vista nunca a los más necesitados" y ha dicho que se ha "mantenido el Estado de Bienestar, con un sistema sanitario y educativo que mantiene su altísima calidad".

Lucha contra la corrupción

Catalá también ha incluido en el capítulo de reformas las iniciativas del Gobierno en la lucha contra la corrupción, ámbito en el que ha citado la aprobación del estatuto del alto cargo, que "establece comportamientos éticos extraordinarios", y la reforma del Código Penal, que incrementa las penas e inhabilitaciones.

Por otro lado, el ministro ha incidido en la importancia de proponer mejoras en los plazos de resolución de la justicia penal, "uno de los elementos que más deterioro provocan de la imagen de la justicia en de los ciudadanos".

Catalá ha precisado que los tiempos de resolución en general "no son muy elevados, son más bien de meses", pero ha reconocido que "hay algunos asuntos que se dilatan años porque son de compleja instrucción, y cuentan con una multiplicidad de acusados y delitos conexos".

Reducir los plazos de la instrucción

Para corregir esta situación, ha explicado que está en trámite la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que prevé establecer unos tiempos máximos en la instrucción de los casos en seis meses para causas sencillas y 18 meses para causas complejas.

Además, ha señalado que la conexidad de los delitos - aquellos delitos asociados que surgen como consecuencia de una instrucción y que amplían las causas que se gestionan en un mismo sumario- "va a desaparecer de nuestra realidad jurídica". "Cada delito tendrá un responsable y cada responsable una causa y una sentencia, sin necesidad de generar macrocausas con años y años de instrucción", ha apuntado.

El ministro también ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia, y ha recordado la multiplicidad de sistemas diferentes con los que están trabajando las diferentes Comunidades Autónomas. "Hay un batiburrillo de sistemas que los hace absolutamente descoordinados", ha apuntado.

Rafael Catalá también se ha referido a la prisión permanente revisable para explicar que se trata de una medida cuya aplicación estará en manos de los jueces y ha señalado que permitirá asegurar que los delincuentes que cumplan condena por delitos muy graves salgan a la calle sólo cuando estén rehabilitados.