El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, niega en su escrito de defensa que Aizoon, la sociedad cuya titularidad comparte al 50% con la Infanta Cristina, fuese una entidad "aparente o simulada" con el objetivo de defraudar a Hacienda, al tiempo que niega que en ella hubiera empleados ficticios puesto que la empresa utilizó la figura del "teletrabajo o trabajo a distancia, sin necesidad de presencia física en sus oficinas".

"Esta entidad podrá tener más o menos recursos materiales y humanos, pero esta circunstancia para la actividad desarrollada por la sociedad no es determinante", subraya el marido de Cristina de Borbón en su escrito, subrayando que la utilización de esta empresa para la realización de tareas de consultoría o asesoramiento "es una opción legítima, no una elusión ilícita ni una simulación".

Urdangarin ha descargado en la Administración pública las supuestas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para celebrar unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros.

En su escrito de defensa, asevera que Nóos no tuvo "margen negociador" con las instituciones balear, valenciana y madrileña. Subraya que es la Administración pública la que disfruta de un "imperium" y de "poderes exorbitantes" ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos "de forma unilateral".

Asimismo, Urdangarin invoca en su escrito que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos corresponde a la Audiencia Nacional, y no a la Audiencia Provincial de Baleares, donde se prevé celebrar la vista oral a raíz del presunto desvío de más de seis millones de euros públicos y la supuesta defraudación a Hacienda por parte de varios de los procesados.

Señala que será en las cuestiones previas -al inicio del juicio- cuando se acoja a la jurisprudencia que establece en siete millones de euros la cuantía mínima para que se pueda considerar que una defraudación pueda producir "una grave repercusión en la economía nacional", lo que correspondería ser juzgado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el juez José Castro ha iniciado los trámites para ejecutar las fianzas de responsabilidad civil a los acusados que no las han cubierto, incluida la infanta Cristina, solicitando que aporten un listado de bienes susceptibles de embargo.

Castro fijó fianzas por la posible responsabilidad pecuniaria por un total de 61,35 millones de euros para los acusados en esta causa de presunta corrupción en torno al Instituto Nóos. En el caso de Iñaki Urdangarin, la cuantía que marcó es de 13,6 millones de euros y para la infanta asciende a 2,7 millones.

Urdangarin y su exsocio Diego Torres ya depositaron durante la fase de instrucción de la causa una fianza conjunta de 5,9 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades.