Las denuncias que llegan a la Fiscalía de Málaga han pasado de ser unas pocas gotas de agua a toda una catarata.
En 1996 eran seis los casos de particulares y organismos públicos que tocaban a la puerta de los fiscales para poner en su conocimiento hechos que podrían ser constitutivos de un delito penal.
En 2006, el número anual de diligencias ha aumentado hasta las 1.166, unas 194 veces más que hace diez años.
La Fiscalía de Málaga presentó ayer estos datos, recogidos en su memoria del año pasado.
El motivo de este incremento responde a un cambio en los hábitos judiciales.
«Ahora las administraciones públicas están obligadas por ley a poner en conocimiento de la Justicia unos hechos en cuanto detectan la menor irregularidad», explicó ayer el fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, Manuel Villén.
La mitad se archiva
El celo de las administraciones públicas es una de las causas que llevan a comunicar ante Fiscalía más posibles delitos que asuntos que finalmente alcanzan las salas judiciales, aunque Villén también responsabilizó a los particulares de este fenómeno.
«En muchas denuncias observamos que no ha sido redactada por un técnico en derecho. Al analizarla no encontramos signos de ilicitud en los hechos, por lo que la causa se archiva. El denunciante siempre tiene la opción de acudir a los juzgados».
Por otra parte, las incautaciones de inmuebles y dinero a redes de crimen organizado y corrupción en 2006 se han multiplicado por cinco –hasta llegar a las astronómicas cifras de 2.412 millones de euros– debido a la operación policial y las investigaciones del caso Malaya, destapado en marzo.
Sin despachos para cada fiscal
Manuel Villén señaló ayer que la futura Ciudad de la Justicia (se inaugurará en diciembre) no tendrá despachos para cada fiscal, por lo que cada dependencia estará compartida por dos. Villén denunció que no se amplía la plantilla de auxiliares de los fiscales desde 1996.
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