El portavoz del grupo municipal socialista y candidato a la Alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento anular la orden de expolio en El Cabanyal "por decreto" y "sin los informes de las instituciones".

Calabuig, en un comunicado, ha explicado que la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura remitió al Ayuntamiento de Valencia el 24 de febrero de 2015 la Resolución de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura por la que advertía sobre la necesidad de "adoptar medidas conducentes a garantizar la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación del Cabanyal como conjunto histórico", ya que "se tienen indicios de que el conjunto histórico del Cabanyal puede estar siendo objeto de un creciente deterioro, tanto en términos de abandono y degradación arquitectónica como en términos sociales".

El dirigente socialista, que acusado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "mantener hasta el final su prepotencia y soberbia", ha lamentado que "lejos de acatar la resolución y proceder de inmediato al levantamiento de la suspensión de licencias, Barberá presentó un documento de alegaciones el 12 de marzo de 2015".

"Barberá se ha negado hasta el final a cumplir con la Orden de expolio y las directrices del Ministerio de Cultura", ha denunciado y ha remarcado que la Secretaría General Técnica del citado Ministerio "ha tenido que recordarle en informe del pasado 23 de abril que la Orden de expolio se hace para garantizar la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como Conjunto Histórico".

También le ha recordado, ha continuado, que la suspensión del PEPRI "debe limitarse a aquellos aspectos del mismo que supongan expolio en los términos de la Orden CUL 3631/2009 y en el ámbito del BIC".

De la misma forma, establece que la Orden CUL/3631/2009 "no implica la denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo sobre bienes ubicados en el citado barrio", ha apuntado.

"Tras analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y el impacto del PEPRI sobre las mismas, se podrá conceder o denegar aquéllas", ha indicado.

Calabuig ha remarcado que se trata de un argumento "idéntico" al utilizado por la Abogacía del Estado en septiembre de 2010 y que, ha advertido, "la alcaldesa se negó a acatar". Por ello, ha manifestado que Barberá "además de pedir perdón a los vecinos y vecinas por el daño causado de manera arbitraria e intencionada, podría haber actuado al margen de la legalidad a sabiendas".

Además, ha advertido de que la alcaldesa "está haciendo el ridículo al mantener ante el Ministerio de Cultura argumentos desautorizados por sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo".

ALEGACIONES

Por otro lado, ha señalado que todos los argumentos incluidos en el documento de alegaciones firmado por el Delegado de Urbanismo y que se adjuntan, "inciden en supuestos que jurídicamente han sido rechazados". Se trata de "negar la existencia del Conjunto Histórico del Cabanyal para minimizar el efecto de la declaración del expolio exclusivamente a la zona BIC, contradiciendo la Resolución de la Dirección General de Bellas Artes".

También, "mantener que la competencia sobre patrimonio es exclusiva de la Generalitat", cuando el Estado tiene encomendada la competencia exclusiva en materia de defensa de Patrimonio Histórico Español en el artículo 149 de la Constitución y así ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, ha dicho.

Otro de los puntos ha sido "insistir en la ilegalidad de la orden de expolio", cuando ha sido declarada como ajustada a Derecho por la Abogacía del Estado; el Consejo de Estado y sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo; e "insistir en que con las modificaciones introducidas al PEPRI y expuestas al público en julio de 2014, desaparece cualquier riesgo de expolio".

calabuig ha explicado al respecto que las alegaciones además exigen a la Administración del Estado que a la mayor brevedad, y de acuerdo con los principios de celeridad, y "sin necesidad de recurrir a ningún tipo de informe preceptivo o vinculante, resuelvan que la modificación del PEPRI desaparece cualquier riesgo de expolio".

"Es más, incluso se atreven a sugerir que "en todo caso, de exigirse algún informe, que lo sea únicamente de instituciones adscritas o dependientes de la subdirección General competente, como el Instituto de Protección Patrimonial del Estado", ha criticado.

Calabuig ha apuntado que debe seguirse el mismo tipo de tramitación consultando a las mismas instituciones que informaron la existencia de expolio, tal como además se recoge en la moción aprobada en la Junta de Gobierno Local al citar al inicio el documento de acuerdo político del 16 de junio de 2014 del Ministerio de cultura.

Dicho documento señala que el Ministerio "someterá la propuesta de adaptación del PEPRI a informe de naturaleza no vinculante de instituciones independientes a fin de respetar el mismo procedimiento seguido en la elaboración de la Orden de 2009".

Como conclusión en las alegaciones se solicita que, "tras ser oída la Generalitat" dicte nueva resolución por la que se acuerde "declarar que el Ayuntamiento de Valencia ha realizado una adaptación del PEPRI con la que ya ha desaparecido cualquier riesgo de expolio, y con ello, la causa que motivó el ejercicio de la competencia estatal en materia de expolio", ha apuntado.