La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, Belén Fernández, ha considerado este lunes que el Ministerio de Fomento está tramitando la Ley del Sector ferroviario "a hurtadillas y con premura".

Belén Fernández se ha manifestado así ante los medios tras la reunión que ha mantenido con los representantes del comité de empresa de Renfe y Adif a los que ha trasladado las alegaciones que su consejería ha presentado ante el ministerio a un anteproyecto en el que ha considerado que el Partido Popular se centra "exclusivamente" en criterios de "rentabilidad económica" dejando de lado el "interés social" de un medio de transporte del que, en Asturias, dependen miles de viajeros y que da empleo a "unos 1.400 trabajadores".

Una de las principales preocupaciones en la que han coincidido la consejera y el presidente del comité de empresa de Renfe para Asturias, Luis Blanco, ha sido el vencimiento este mes de diciembre de la consideración de obligación de servicio público de la red de cercanías en Asturias. La incertidumbre sobre el futuro de esta obligatoriedad ha sido señalada por la consejera como una de las reivindicaciones que desde el Principado han hecho al Ministerio para el "blindaje" de unos servicios que son "vitales" para la "vertebración territorial y el progreso socioeconómico" de la región.

Luis Blanco ha explicado ante los medios que una de las peticiones que han trasladado a la consejera es que hay que exigir que en el trazado de Pola de Lena a Gijón, con la entrada en funcionamiento del túnel de Pajares, deben funcionar "lo antes posible" los dos "tubos", sirviendo uno de ellos "sólo para el uso de transporte de mercancías".

El presidente del comité de empresa ha pedido una "apuesta fuerte y definitiva" por renovar la red de cercanías y alta velocidad para ofrecer al ciudadano un "servicio digno al igual que se está dando en otras provincias". La finalización de la penetración del ferrocarril en Gijón, que ahora mismo se encuentra paralizado tras un gasto de 140 millones de euros, ha sido otra de las peticiones del comité que han solicitado "ese proyecto se acabe" y llegue a Viesques y el Hospital de Cabueñes para que "no se tire por la borda la inversión" que ya ha sido realizada.

Por último, Belén Fernández también ha explicado que han alegado contra la nueva regulación del canon de las estaciones por el uso en vez de por el número de viajeros actual, ya que este cambio puede favorecer que los operadores dejara de ofrecer servicio en muchas estaciones o apeaderos con un bajo nivel de usuarios. Finalmente, Fernández ha abogado por elevar a rango de ley la unificación de tarifas, zonas y títulos para "favorecer la intermodalidad". Un tema que ha señalado que, a pesar de estar potenciado en documentos a nivel europeo y estatal, está "casi ausente" en el anteproyecto de ley.