El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha finalizado la investigación sobre la extinta Caja Mediterráneo (CAM) y ha propuesto juzgar a ocho antiguos directivos de la caja, entre ellos su expresidente Modesto Crespo, a los que atribuye tres delitos por la quiebra de la entidad, que tuvo que ser rescatada en junio de 2011.

Así consta en un auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, en el que el magistrado propone sentar en el banquillo, además de a Crespo, a los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol.

También propone juzgar al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y a los antiguos responsables de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez; Financiación y Gestión de Líquidez, Juan Luis Sabater; e Información Financiera, Salvador Ochoa.

El juez, que destaca que los estados financieros de la CAM en 2010 y el primer semestre de 2011 "no reflejaban la imagen fiel de la entidad", atribuye a todos ellos los delitos de falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación de la sociedad, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Según el magistrado, se había contabilizado "de forma irregular" el reparto de dividendos de sus filiales y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones "con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica", que se alteró "en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección". Su finalidad, prosigue, "era la integración en el SIP y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado" de CAM y "poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad".

Entre las operaciones ejecutadas para manipular las cuentas, el instructor cita que la caja dio de baja las provisiones relativas a créditos titulizados de deuda "de muy baja calidad" y "contabilizó de forma incorrecta un contrato de permuta financiera -SWAP-, ocultando la existencia de opciones de compra" incluso al auditor.

Además, los balances mensuales, trimestrales y semestrales de 2011 ocultaron la "situación crítica" de CAM y dieron una imagen "distorsionada", de forma que reflejaron como unos beneficios de 65 millones lo que en realidad eran unas pérdidas de 1.136 millones.

Tras remitir estos estados financieros al Banco de España y la CNMV, "agravaron la situación de insolvencia" y "perjudicaron a inversores", demorando "la adopción de las medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos", resume.

Los imputados escondieron a la consultora externa Towers Watson -a la que habían contratado para cuantificar el coste de las prejubilaciones derivadas de su integración en el SIP-, que seis miembros de su comité de dirección se habían adherido al programa de reestructuración de la plantilla, con lo que se dejó de dotar 15,5 millones de euros en el resultado de 2010, según la fuente. Al año siguiente, se volvió a ocultar ese coste, pero con "la argucia" de hacer la dotación contra un fondo establecido en 2005, añade.

Tras el fracaso del SIP, se tuvo que ampliar el expediente de regulación de empleo, sin que se dotaran 50,19 millones de euros que debían aparecer en las cuentas formuladas en junio de 2011, según la fuente.

De acuerdo con las investigaciones periciales, Gómez Bermúdez subraya que los miembros del comité de dirección cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.

En este sentido, relata que fueron variando sucesivamente "en su propio beneficio" y a espaldas del Consejo la "prestación adicional" contratada con Caser en 2007 a la pensión de jubilación pública que recibirían cuando se retiraran.

Consecuencia de ello es que, según la fuente, el comité de dirección "se aseguró una prestación adicional para el momento de la jubilación que tuviera como referencia el nivel salarial de 2010, ejercicio con unas cuentas de resultados alteradas y artificialmente infladas, con un perjuicio bruto para la CAM de 2.145.987 euros".

Dado que la paga de beneficios, las aportaciones a los planes de pensiones y la retribución variable y el bono extraordinario a largo plazo dependían de los resultados obtenidos, "los imputados obtuvieran beneficio económico a sabiendas de que no les correspondía, pues conocían perfectamente la situación real de la entidad", concluye.