El concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Avilés, Pedro García, se ha remitido este sábado a los últimos informes realizados por parte de los órganos de control municipales sobre el funcionamiento del servicio de la ORA, prestado por Dornier, y que "recogen tanto mejoras del servicio como la resolución de incidencias inherentes al contrato". "Se han propuesto nuevas medidas para que las revisiones sean anuales, mejorando las trianuales que requerían los pliegos iniciales", ha añadido.

En una nota de prensa, respondía en estos términos a las críticas de la oposición por supuestos incumplimientos. Ha recordado que "desde la reunión mantenida con los grupos políticos para analizar el contrato (noviembre de 2014) se han generado al menos 9 informes de control por parte de los diferentes órganos de seguimiento del ayuntamiento. Estos informes se corresponden con la actividad de 2015 y con la revisión de los ejercicios de 2009 a 2014":

"En modo alguno puede afirmarse que las diferentes áreas técnicas municipales están desarrollando de forma laxa el control del contrato", afirma el concejal, quien considera que "ssta afirmación sólo puede obedecer a que, al tratarse de un expediente extenso y de largo detalle, quien lo afirma no ha leído todo su contenido, no lo ha entendido o sólo tiene interés electoralista sin valorar lo realmente importante: el servicio a los ciudadanos y los trabajadores que lo prestan".

Añade, no obstante, que se exigirán "mejoras al concesionario en el área del software y comunicaciones con la policía local, así como una adecuación óptima del personal a los requisitos del contrato y a las necesidades del servicio". Eso sí, deja claro que ello "no significa que actualmente exista incumplimiento alguno que lleve a plantearse la resolución del contrato, y esto no es opinable sino que está basado en el contenido de los informes de la auditoría externa, de control del servicio, del área de contratación y de la propia intervención del Ayuntamiento, todos ellos técnicos con solvencia profesional suficiente y no sujetos a campañas políticas preelectorales".

"Los incumplimientos detectados en el período 2009-2013 están perfectamente identificados: retrasos en los pagos de las liquidaciones provisionales mensuales, ejecución parcial de gastos en publicidad y falta de justificación en la reposición de 3 de los 27 trabajadores con dificultades de inserción laboral", ha sentenciado.