Los consejeros de educación de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco se han levantado tras permanecer 15 minutos de la mesa de la reunión sectorial de este martes entre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y las comunidades autónomas para mostrar rechazo a las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato que fija la Lomce.

"Nos negamos a asistir como meros espectadores al continuo desprecio al profesorado y a la devaluación constante de las competencias de la autonomía que persigue la Lomce", según un documento conjunto leído a la prensa por el consejero de Canarias, José Miguel Pérez. Pérez ha explicado que han planteado al ministro que "paralice" el calendario de implantación de las evaluaciones y que se revise "conjuntamente y con datos objetivos" el impacto que está teniendo el modelo actual de becas y ayudas al estudio.

"Si se compromete a paralizar ambos proyectos e iniciar un proceso de revisión de su contenido, continuaremos trabajando juntos —dice el documento—, pero si persiste en su tramitación, le expresamos también nuestra determinación de abandonar en este mismo momento esta sesión", como finalmente ha ocurrido.

Wert, por su parte, ha afirmado que se trata de una "falta de consideración, no sólo hacia el ministerio y el Gobierno, sino especialmente hacia la mayoría de las comunidades autónomas". No ha querido entrar a valorar si se trata o no de una decisión electoralista, como han advertido los consejeros de Castilla-la Mancha y de Comunidad Valenciana, aunque sí ha dicho que el primero, Marcial Marín, "ha tenido en cuenta que sólo quedan 32 días para las elecciones (autonómicas y municipales)".

Los consejeros del plante habían explicado antes, en una rueda de prensa, que este tipo de pruebas, que consideran "reválidas", invaden competencias, segregan, uniformizan y dañan a alumnos, profesores y centros. Por este motivo, los consejeros de Educación de Andalucía, Luciano Alonso; de Asturias, Ana González; de Canarias, José Miguel Perez; el viceconsejero catalán, Joan Mateo; y la viceconsejera vasca, Arantza Aurrekoetxea, han pedido de forma conjunta la retirada de estas evaluaciones finales de la Lomce y han acusado a Educación de haberlas impuesto sin debate o diálogo.

En la sectorial, Wert tenía previsto tratar con todas las comunidades las características de las evaluaciones finales de Secundaria y Bachillerato así como el proyecto de real decreto sobre los umbrales para las becas y ayudas al estudio del curso que viene.

Los contenidos de los dos temas han sido precisamente los criticados por estos cinco representantes autonómicos (sus regiones suponen el 50% de la comunidad educativa, según Ana González), que han asegurado que las evaluaciones finales "dañarán" a alumnos, docentes y centros educativos.

Alonso se ha opuesto a las "reválidas" porque cree que con ellas el alumnado se juega el futuro a "una sola carta" y suponen una invasión de competencias autonómicas. "Es verdad que las reválidas orientarán a los alumnos, pero hacia las academias privadas" para prepararse las pruebas.

También el consejero andaluz ha reclamado que los umbrales de renta de las becas se incrementen en un 5%, lo que tendría un impacto de 5.000 beneficiarios más en Andalucía, especialmente en estos tiempos de dificultades económicas.

Ana González, por su parte, anunció antes de la reunión que pediría a Wert la "moratoria" de las evaluaciones de Secundaria y Bachillerato aunque ha asegurado que el ministro "no escucha nunca, ni en las reuniones técnicas ni en las políticas", sino que "solo recibe las felicitaciones de los consejeros del PP".

Ha interpretado que el objetivo de los proyectos de regulación de las "reválidas" (a su juicio son "piedras" en la progresión de los alumnos) y de las becas es el mismo: "La exclusión, ir echando a la gente que le sobra". González ha añadido que Wert es "el ministro de la intransigencia" y "un sainete de la educación".

Por su lado, José Miguel Pérez ha calificado de "obstáculos al derecho fundamental de todo ciudadano a la educación" las "reválidas" y el modelo de becas de Educación. El consejero canario ha afirmado que "el Gobierno solo quiere demostrar quién manda" y para lograrlo "se ha empeñado en sembrar el miedo" entre el alumnado, sus familias y el profesorado y se ha preguntado quién paga estas pruebas finales.

El viceconsejero catalán ha entendido que estos temas tan importantes implican a todas las comunidades y ha "exigido el consenso con todas y cada una de ellas". Sobre el calendario de estas pruebas ha dicho que es "absolutamente imposible" de aplicar "en un tiempo récord" porque requiere tiempo para hacerlas, corregirlas y estudiarlas. Ha sugerido que el Ministerio pretende el "control" de cómo se ha implantado el currículo en todas las autonomías y en los centros.

Y la viceconsejera vasca ha reprochado a Wert su falta de "diálogo" porque su comunidad no ha tenido modo de participar ni tampoco ha habido "un atisbo de consenso" en el tema de la Lomce, que ha calificado de "invasión de competencias que han sido otorgadas y pactadas". Aurrekoetxea ha pedido a Wert "participación, consenso y acuerdo" y ha señalado que "aún estamos a tiempo" de que el Gobierno recapacite.

El Sindicato de la Enseñanza Pública ANPE considera "insuficiente" el diseño de la prueba final de Bachillerato para evaluar determinadas competencias de los alumnos como la expresión oral y escrita, la resolución de problemas y valorar la capacidad de síntesis, entre otras. Además, ha destacado la necesidad de conseguir un pacto educativo de mínimos para dar estabilidad al sistema, al margen de los cambios de gobierno.

En un comunicado, ANPE no se opone a la decisión de incorporar un nuevo sistema de evaluaciones externas, aunque estima que debe ir acompañado de refuerzos y apoyos para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos educativos.

Para ANPE, las pruebas externas, previstas en la Lomce, solo tendrán sentido si van precedidas de un refuerzo de la evaluación continua e interna, lo que resulta difícil de llevar a cabo debido a los recortes que han supuesto la disminución de las plantillas de los centros escolares o el aumento del número de profesores por alumnos.

Ante la calificación de las pruebas por profesorado externo al centro, el sindicato opina que las evaluaciones deben ser realizadas por funcionarios docentes para garantizar la objetividad, la independencia y la eficacia, además de evitar la intervención de empresas privadas que pueden dejarse guiar por criterios mercantilistas.

ANPE propone que el sistema de evaluación externo sirva para que cada centro educativo valore su situación actual y futura, de modo que la comparación no sea con otro centro, sino consigo mismo, con el fin de evitar "una carrera anual para supeditar el aprendizaje a los resultados de las pruebas a los ránking de los centros".