Andalucía, la segunda región en denuncias por maltrato policial

Andalucía es la segunda comunidad del país; pero no en una lista positiva. La región es, por detrás de Cataluña, la que más denuncias por «maltrato o tortura» policial acumula.

En 2006, 139 personas presentaron en la región 55 denuncias (el 22,6% de las 266 de toda España) contra funcionarios de prisiones o agentes de cuerpos de seguridad, según el Informe sobre la tortura en el Estado español y Andalucía 2006, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Su denuncia se une a la realizada por Amnistía Internacional.

El informe en datos

Provincias. En Málaga hubo 15 denuncias (35 denunciantes), 11 en Sevilla (59 denunciantes), 14 en Cádiz (23 denunciantes) y tres en Granada (11 denunciantes). Sevilla (en 2006 se duplicaron las denuncias en ella) y Málaga ocuparon el puesto tres y cuatro entre las diez provincias españolas con más casos.

Víctimas. Sindicalistas (51), inmigrantes (21) y presos (14), entre otros. Seis denuncias se presentaron tras algún problema de tráfico.

Denunciados. De los 139 afectados, 71 relataron problemas con la Policía Nacional, 50 con la Policía Local, 14 con funcionarios de prisiones, tres con la Guardia Civil y uno con agentes de la Policía Autonómica.

Condenas. En 2006 fueron condenados en Andalucía 14 funcionarios públicos; nueve eran policías locales. Cádiz (siete condenas) y Granada (cinco) encabezaron este apartado. La Administración pagó más de 250.000 euros como indemnización en casos de «mal funcionamiento o muertes bajo custodia en Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga».

Más datos

Descenso. Las denuncias en Andalucía han ido descendiendo en los últimos cinco años: 2001 hubo 60 casos; 2002, 81; 2003, 67; 2004, 87, y en 2005, 57.

Segundo año. La comunidad autónoma también ocupó en 2005 el segundo puesto en número de denuncias en España. Sólo la superó Madrid, pero por un único caso.

Fallecidos. En 2006, se registraron en el sur, según el informe, 16 muertes de personas que se encontraban «bajo custodia del Estado». Diez ocurrieron en prisiones y seis mientras se encontraban bajo el control de la Guardia Civil y de la Policía Local.