Los encausados por malvender la Funeraria dicen que "no hubo delito"

Ayer lunes, y tras dos suspensiones previas, comenzó el juicio por las supuestas irregularidades en la privatización hace 15 años de la Funeraria. El ex teniente de alcalde y ex diputado regional del PP Luis María Huete, primero en declarar, dijo a la salida de la Audiencia Provincial que se había quedado "tranquilo y alegre".

Alegre, explicó, porque llevamos desde el año 92 con este tema y parece que con el inicio del juicio llega a su final, y tranquilo porque se ha visto "con claridad que no ha habido maquinación", que se ha dicho siempre la verdad y que "hemos actuado siempre con trasparencia y no ha habido delito".

"Escogimos la opción menos mala" 

En este proceso también están imputados los ex concejales del PP Simón Viñals y Antonio Moreno; el presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo -que declarará hoy-; el gerente, Juan Antonio Valdivia; su hermano y consejero delegado, Angel Valdivia. El holandés Jan Marie Baptiste Rouppe Van der Voort, Ignacio de la Mora y Ricardo Guindos, completan la lista.

Durante su declaración ante el juez, que duró casi tres horas, Huete reiteró en varias ocasiones que el sólo fue el ejecutor de las decisiones tomadas por el Grupo Popular en el Ayuntamiento y que nunca actuaron por su cuenta. Añadió que de las tres empresas que se presentaron al concurso se escogió la opción "menos mala" para evitar declarar desierto el concurso, porque se consideró que esta declaración habría sido peor.

El 49% de las acciones por 100 ptas 

También afirmó que se trataba de evitar la quiebra, que el tiempo apremiaba y que las otras dos empresas que se presentaron fueron rechazadas porque una pedía que se le garantizara que se iba a mantener el monopolio, y la otra quería reducir personal.

Huete contestó afirmativamente cuando los abogados de la acusación, PSOE e IU, le preguntaron si se le condonó la deuda a Funespaña un par de meses después de venderle el 49 de la acciones por el precio de 100 pesetas (60 céntimos de euros).

Acusados de prevaricación y malversación 

Sobre los criterios que les llevaron a tomar la decisión de condonar esta deuda, que Funespaña se había comprometido a asumir, dijo que no se acordaba.

La Fiscalía Anticorrupción reclama, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros, penas de 6 años de prisión para Huete, Viñals y Moreno y de 19 años para Rodrigo y los hermanos Valdivia.

Por su parte, la acusación que ejerce el PSOE pide 8 años de cárcel para Huete, Viñals, Moreno, Rodrigo y los hermanos Valdivia por malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas