El Juzgado de lo Penal número 28 de Barcelona acoge desde este martes el juicio contra trece jóvenes acusados de organizarse para montar barricadas, atacar oficinas bancarias y lanzar pedradas a la policía durante tres días consecutivos de manifestaciones contra el desalojo del centro okupa Can Vies. La Fiscalía pide penas de cinco años y diez meses de cárcel por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Todos los jóvenes han negado haber participado en ningún acto violento.

En su escrito de calificación, el ministerio público sostiene que los trece procesados, junto a un menor de edad, actuaban "integrados en un grupo" para llevar a cabo acciones violentas en las manifestaciones de los días 28, 29 y 30 de mayo del año pasado contra el desalojo de Can Vies, que se saldaron con daños en el mobiliario urbano y en sucursales bancarias y comercios del barrio barcelonés de Sants.

El fiscal sostiene en su escrito que, en el marco de esas protestas, varios grupos de manifestantes cruzaron contenedores en la calle para impedir la circulación de los furgones policiales y "causaron daños en motocicletas, escaparates, edificios y mobiliario urbano". En el caso de los procesados, afirma que "actuaron de forma concertada" para causar esos disturbios y cruzaron en la calle contenedores ardiendo, "con el consiguiente peligro para los usuarios de la vía pública y los agentes que en ese momento desempeñaban sus funciones".

Según la Fiscalía, tras repetir los mismos disturbios los días 28 y 29 de mayo, la noche siguiente los acusados se concentraron frente a la sede del Distrito de Sants y lanzaron "piedras de grandes dimensiones y botellas de cristal a los efectivos policiales que formaban una línea de protección ante la Regiduría".

Los procesados actuaban integrados en un grupo, "del que se separaban para realizar una acción violenta, volviéndose a reagrupar de inmediato", y lanzaron adoquines y objetos contundentes a la línea policial que protegía la sede del distrito, al tiempo que volcaban contenedores en la calle para obstaculizar la actuación policial, añade el escrito.

Posteriormente, según el ministerio público, los manifestantes huyeron por la calle Guadiana de Sants, donde siguieron volcando contenedores, y acabaron introduciéndose en el interior de un portal de calle Sant Crist, en el que finalmente fueron identificados y detenidos.

Los trece acusados han negado en el juicio —el mayor juicio derivado de los altercados de Can Vies hasta ahora— haber lanzado piedras y botellas contra los antidisturbios. De hecho, han asegurado que no participaron en los desórdenes y que todos se metieron para refugiarse de las cargas policiales en el portal de la calle Sant Crist donde luego fueron detenidos por los Mossos.

Cinco de los acusados —Joan P., Berta A., Elena T., Bernat H. y Guillem V.— son de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y forman parte de un esplai —centro de tiempo libre basado en el voluntariado— del municipio y han relatado que acudieron a la cacerolada por compartir el motivo de la protesta; en concreto, Bernat H. ha defendido que actuar con violencia hubiese ido en contra de los valores de este tipo de centros de ocio que integran.

Del resto de los jóvenes —Duna P., Artur L., Raquel G., Jorge M., Brandon D., Hicham D., Daniel S. y Albert R.— algunos han asegurado que sí fueron a la manifestación con voluntad pacífica y porque compartían el motivo de la convocatoria pero que no cometieron ningún acto violento, mientras que otros han sostenido que estaban en el lugar sin ni siquiera participaron en la concentración.

Tras las declaraciones de este martes, está previsto que este miércoles comparezcan como testigos varios agentes de los Mossos y que el juicio finalice el viernes con la presentación de informes, conclusiones y el derecho al último turno de palabra de los acusados.

Este es uno de los últimos juicios por los disturbios y la mayoría han acabado en condenas recurridas ante la Audiencia de Barcelona. Precisamente, este órgano judicial ha ordenado investigar a dos agentes de los Mossos d'Esquadra por las lesiones sufridas por un joven durante las manifestaciones tras el desalojo. En un auto, la Sección Segunda estima un recurso de la presunta víctima contra la decisión del Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona que rechazó la querella "sin la más mínima diligencia de investigación".

La Audiencia considera que al querellante se le causaron lesiones y que se produjeron por el "acometimiento en la cabeza con una porra que portaba uno de los agentes", tal y como se aprecia en el reportaje fotográfico que el denunciante presentó adjunto al escrito.

El juzgado de instrucción había razonado en el auto que rechazó la querella porque el joven desobedeció las órdenes de los agentes de no acceder a la zona de disturbios y se enfrentó a los policías "acometiendo a los mismos" con una bicicleta que llevaba, lo que implicaría al menos un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad.

Sin embargo, la Audiencia considera que ni la querella ni el reportaje fotográfico permiten concluir que el joven desobedeció a los agentes y menos aún que hubiese "acometido a los Mossos d'Esquadra valiéndose de la bicicleta". Además, afea al magistrado que justificara la actuación de los agentes "a través de un razonamiento carente de soporte probatorio" y ni siquiera tomara declaración a los involucrados ni a los testigos.