AMA, el colectivo que aglutina a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, considera que los acuerdos de compensación suscritos este viernes por el Gobierno de Cantabria y casi medio centenar de propietarios de las urbanizaciones de La Arena (Arnuero) y Las Torres (Escalante) para garantizar su patrimonio dan la "libertad condicional" a estos afectados tras más de 20 años "condenados siendo inocentes", pero "no resuelven definitivamente la cuestión".

"Ni se ha legalizado ninguna vivienda, ni se ha pagado ninguna indemnizacion ni a ningún propietario le han dado todavía ninguna vivienda en sustitucion de la suya", ha aseverado el vicepresidente de AMA, Pedro Laín, que es uno de los propietarios de La Arena que han suscrito el acuerdo.

Aunque ha reconocido que, por una parte, los firmantes se siente "ilusionados" por la firma dde este acuerdo, que es un "propósito" a desarrollar en cuatro años, son "muy críticos" porque tras 21 años de condena no tiene aún una solución definitiva.

"Vamos a salir con un poco mas de seguridad pero igual que estábamos", ha dicho Laín, quien, en declaraciones a los medios de comunicación tras la firma, ha señalado que ahora hay que ver si desde el Gobierno regional son capaces de cumplir o no estos propósitos.

Y ha recordado que, a lo largo de los más de 20 años que llevan con este problema, a los afectados se les han prometido "estas soluciones y más" y aún hoy "están esperando".

Sí ha reconocido que "la ventaja" respecto a otros compromisos anteriores es que "están firmados solemnemente" y los firmantes podrán denunciar ante los tribunales si las acciones comprometidas no se acometen.

A pesar de la firma de este acuerdo tras "21 años de pasarlo mal", el vicepresidente de AMA ha lamentado que los repsonsables del "atropello", aquellos que cometieron los "delitos administrativos" que han provocado esta situación, "ha tenido que pasar por un apuro" ni han sido condenados.

Según ha dicho, es "tan curiosa" la Administración de Justicia que este tipo dde delitos administrativos prescriben, según ha dicho, en cinco años pero "las condenas a inocentes pueden duran 20 años".

Laín ha subrayado que el problema de los derribos y estos convenios "no salen gratis" a los cántabros puesto que van tener que pagar una parte por aquellas viviendas con sentencia de derribo que no puedan ser legalizadas.