El número de imputados en la llamada 'Operación Florentina', que investiga una red organizada de tráfico de drogas y tráfico de inmigrantes, se eleva a diez, entre ellos dos agentes de la Guardia Civil, además de dos policías portuarios, un joven empresario de la Estación Marítima de Melilla, un propietario de un bar y un barman entre otros.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, a unos se les atribuyen todos los delitos y a otros algunos de ellos, como son tráfico de droga, tráfico de inmigrantes, cohecho y pertenencia a red organizada.

En el caso de los dos agentes de la Guardia Civil, no fueron detenidos como ocurrió con los ocho restantes, pero sí han sido imputados en esta causa. Se da la circunstancia de que uno de los guardias ya se encontraba en prisión por otro delito contra la libertad sexual, por lo que aún continúa en el Centro Penitenciario mientras el segundo guardia civil está en libertad con la condición de imputado.

De los diez presuntos implicados en la 'Operación Florentina', ocho pasaron a disposición judicial el miércoles 25 de marzo, después de que entre los días 10 y 11 de marzo fueran detenidos por la propia Guardia Civil, acusados de tráfico de droga, de inmigrantes, cohecho y red organizada.

De esos ocho llamados por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, uno fue puesto en libertad provisional sin fianza mientras los otros siete restantes con fianzas que oscilan entre los 3.000 y los 22.000 euros. Cuatro de ellos, entre los que se encuentran los dos policías portuarios, han podido reunir las sumas que se les exigía y abandonaron el Centro Penitenciario de Melilla la misma tarde-noche del miércoles, aunque con la obligación de firmar los días 1 y 15 de cada mes.

Los tres restantes tendrán que abonar la garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, que se les exige, para poder seguir los pasos de aquellos que ya se encuentran en libertad provisional.

El caso está bajo secreto de sumario, razón esgrimida por los imputados para acogerse a su derecho a no declarar. Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el motivo por el que aún sigue bajo secreto de sumario, medida que se adopta para garantizar la eficacia de la investigación, escuchas telefónicas, o para la práctica de algunas diligencias, es que la operación no está aún cerrada y no se descartan más detenciones.